Desabasto y alzas en Colombia por el paro de 100 mil transportistas

Dpa, Pl, Efe, Afp, Ansa y Reuter, Santafé de Bogotá, 15 de octubre Al cumplir dos días la huelga de transportistas colombianos de carga, se informó que los precios de algunos productos sufrieron significativas alzas, pues comienza a hacerse sentir la escasez de ciertos alimentos de alto consumo popular.

Causa de lo anterior, según vendedores de la principal central de abastos de la capital, son las alzas de casi 80 por ciento en productos tales como papa, cebolla y yuca. Las fuentes añadieron que a raíz de la paralización en las carreteras se dejaron de entregar a los mercados citadinos seis millones de toneladas de alimentos.

Los transportistas, agremiados en la Asociación de Camioneros de Colombia, emprendieron el lunes su medida de fuerza en protesta por los excesivos impuestos, el bajo margen de ganancia y la inseguridad en las carreteras, esto último a consecuencia de los ataques de las guerrillas, que últimamente efectuaron ``paros armados''.

Sin embargo, la Confederación Colombiana de Transportadores de Carga, que aglutina a empresarios del gremio, no apoyó la protesta de los conductores al considerar que sólo agravará la situación del sector, pues ya perdió 60 millones de dólares debido a los ataques de la insurgencia.

El ministro de Transporte, Carlos Hernán López, expresó la disposición del gobierno a dialogar con los transportistas para encontrar solución inmediata al problema, pero indicó que las demandas de los transportistas deberán ser objeto de estudio en el Congreso.

El gobierno, que de todos modos no ha descartado declarar ``ilegal'' la huelga, al parecer se ha abstenido de actuar en ese sentido, ya que los transportistas no han obstaculizado el libre tránsito, pues estacionaron sus unidades a la orilla de las carreteras. Se estima que más de 100 mil conductores participan y que se mantienen 25 mil camiones sin funcionar.

Otros informes indican que los paros en el transporte amenazan las exportaciones de carbón y café. En la zona de la Guajira, por ejemplo, se encuentran paralizadas unas 100 mil toneladas de carbón, así como los embarques de café provenientes de los departamentos de Caldás, Quindió, Risaralda, Valle y Nariño.

Entre tanto, el gobierno colombiano dijo que intenta resolver cuanto antes los puntos específicos planteados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para liberar a los 60 soldados que tienen en su poder desde el ataque a un cuartel en Putumayo, el 30 de agosto.

El consejero para los derechos humanos Carlos de Roux, delegado nombrado por el presidente Ernesto Samper, dijo que analiza con los ministros de Defensa, Juan Carlos Esguerra, y del Interior, Horacio Serpa, el lapso que se despejará de operaciones militares la zona donde ocurrirá la liberación.

Las FARC, que recientemente especificaron los sitios que deberán ser despejados, exigieron ahora que la desmilitarización sea por 15 días. De hecho, este es uno de los puntos conflictivos, ya que el comandante del ejército, general Harold Bedoya, ha dicho que el despeje será limitado y sólo en la fecha en que tenga lugar la entrega.

Por su parte, el fiscal general Alfonso Valdivieso insistió ante una comisión senatorial en que el gobierno del presidente Samper deber ser más ``claro y contundente'' en su posición respecto a la extradición. Así aludió a la reciente comparecencia del ministro de Justicia, Carlos Medellín, y de la canciller, María Emma Mejía, quienes aseguraron que el gobierno apoya la extradición, pero se refirieron también a la condición de un tratado internacional de lucha antinarcotráfico