TERCER INFORME

Alberto Nájar y Roberto Garduño A tres años de iniciada, la causa por la defensa de los derechos humanos en la ciudad de México no ha logrado convencer ``a los nostálgicos del autoritarismo o de los privilegios de la arbitrariedad'', reconoció ayer el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano.

Al rendir su tercer informe anual en la residencia oficial de Los Pinos, De la Barreda advirtió que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) luchará ``con todas sus fuerzas'' para impedir ``el surgimiento de pasadas atrocidades, por cerrarle el paso a esa intransigencia que no tolera ni el esbozo de un examen racional que le sea contrario''.

Así, se pronunció de nuevo en contra de la aplicación de la pena de muerte porque no representa ninguna solución para la incidencia delictiva, y rechazó que se reduzca la edad en la cual los menores son considerados imputables penalmente. Luego, calificó como ``ataques innobles'' a las acusaciones de que la institución asume la defensa de delincuentes.

Ante el presidente Ernesto Zedillo, el ombudsman informó que en tres años de labores se atendió a 51 mil 722 personas, se abrieron 12 mil 616 expedientes, de los cuales el 98 por ciento está concluido; la mayoría se resolvió por la vía conciliatoria. Se emitieron además 35 recomendaciones, de las cuales 28 se cumplieron en su totalidad; entre las que siguen pendientes incluyó algunas enviadas al DDF.

Pese a estos avances, existen sectores sociales que siguen inmunes a la cruzada por defender las garantías individuales y carecen del sentido de justicia. Se trata, según De la Barreda, de los partidarios de congelar el orden jurídico y que sienten nostalgia por las prácticas autoritarias; ante estas acciones el ombudsman advirtió la fragilidad de la conquista. ``Los derechos que hoy disfrutamos no son eternos... son derechos frágiles que hay que defender día con día''.

Durante la lectura de su informe Luis de la Barreda reconoció que también hay buenas noticias, como el hecho de que las denuncias por tortura policiaca siguen a la baja, cuando apenas hace algunos años eran práctica común en todas las corporaciones. Del total de quejas ocupa el lugar 37, y en el último año se presentaron sólo 16 denuncias.

También sigue proscrita la pena de muerte, a pesar de quienes claman por su retorno ``sordos a la razón y ciegos a nuestros mejores avances civilizatorios''. El ombudsman fue claro en su rechazo a esta práctica, porque en nada contribuye al abatimiento de la criminalidad, como sí lo es la eficacia en la prevención y persecución de los delitos.

El presidente de la CDHDF se refirió también a los asuntos pendientes, entre los que destacan la ejecución de 20 órdenes de aprehensión que siguen sin cumplimentarse, ``por negligencia, desorganización o mala fe''; en algunos de estos casos hay policías involucrados. Hechos como el anterior, indicó, dan lugar a la impunidad, que es una de las prácticas más combatidas por la institución: en los últimos tres años la demanda más socorrida se refirió a la dilación en la aplicación de justicia.

Otros asuntos pendientes están relacionados con el Departamento del Distrito Federal, entre ellos dos no especificados que se refieren al delegado en Coyoacán y al director de Servicios al Transporte.

Además, tampoco se han cumplido recomendaciones enviadas a la Dirección de Reclusorios, como la cancelación de privilegios a internos de Santa Martha, el castigo a custodios que torturaron a un reo del Reclusorio Oriente, mejorar la atención en los hospitales del gobierno capitalino, así como garantizar el abasto de medicamentos, e incrementar las remuneraciones a los defensores de oficio

Roberto Garduño E. y Alberto Nájar Sólo con acciones firmes, apegadas a la ley, con unidad y perseverancia de propósitos los mexicanos ``desterraremos la impunidad'', destacó el presidente Ernesto Zedilllo al recibir el tercer informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En el Salón Adolfo López Mateos de las residencia Oficial de Los Pinos, el Ejecutivo Federal expuso que las autoridades están obligadas a devolver a los ciudadanos la confianza en sus instituciones y en la legalidad con que éstas deben conducirse. Por lo tanto, abundó, el trabajo que realizan los ombudsman no debe confundirse con la protección a los delincuentes.

``Con su trabajo la Comisión (CDHDF) ha puesto de manifiesto que la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos nunca son excluyentes, por el contrario, el combate a la delincuencia debe realizarse con respeto estricto a las garantías individuales; y la protección de los derechos humanos debe ser consecuente con el ejercicio de la justicia, con la seguridad de las víctimas, y con la reparación del daño cometido en su agravio''.

El mandatario subrayó que la intención de su administración es alcanzar un Estado de derecho fortalecido, en el que todos los ciudadanos y las autoridades estén dispuestos a cumplir con las leyes. Y reiteró su convocatoria a todos los sectores sociale, económico y político para edificar una nueva cultura de apego a la ley:

``Es necesario convencernos y convencer a todos de que nuestras relaciones como ciudadanos y en nuestras relaciones con la autoridad, debemos apegarnos estrictamente a la ley, pues ésta es la mejor forma de protegernos, y es la mejor forma de proteger a México''.

Tras conocer el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal --documento de 370 páginas-- el presidente Zedillo se dijo satisfecho porque los casos de tortura en la capital del país han disminuido. Resultado, adujo, que demuestra que los esfuerzos de la sociedad y el gobierno ``por combatir esa práctica tan deplorable no han sido en vano; por el contrario, están dando resultados''.

El mandatario también se refirió al esfuerzo ``serio y permanente'' de la CDHDF en la defensa de la garantías individuales, para que invariablemente las autoridades cumplan y hagan cumplir la ley, y para que siempre respeten y hagan respetar los derechos humanos.

``México está trabajando para ser un auténtico país de leyes, donde el ejercicio de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos formen parte del sentido integral de la justicia. Los mexicanos queremos una nación unida por la ley, por la voluntad de concordia y por las realizaciones de un desarrollo con justicia y oportunidades para todos'', puntualizó