El gobierno encabezado por el doctor Ernesto Zedillo reaccionó favorablemente a la corriente de opinión que se opone a la venta a inversionistas privados, muy posiblemente extranjeros, de las plantas que eran de Pemex, que ahora son de empresas segregadas o escindidas de ella y que se ocupan de producir los derivados químicos del petróleo, tan importantes hoy en día.

El clamor, explicable en los grupos de oposición al sistema --entre ellos partidos políticos pero también en los grupos intermedios que forman la sociedad civil--, hizo eco y mella en la conciencia nacional y pronto se sumaron sectores importantes del mismo partido oficial, sindicatos identificados con las estructuras gubernamentales, inclusive obreros y dirigentes del todavía fuerte Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

La muestra de cordura, que consistió en ceder en parte a las exigencias opositoras, no se decidió, sin embargo, a cancelar el proyecto de venta en forma terminante, sino que se dejaron dos puertas abiertas, seguramente por la carencia de capital para invertir y modernizar las plantas. Una de esas puertas fue vender tan sólo el 49 por ciento del valor de cada planta y conservar el 51 por ciento, para tener el control de la empresa y al mismo tiempo obtener recursos frescos de los inversionistas; la otra fue abrir la posibilidad de permitir la instalación de plantas totalmente nuevas, propiedad de inversionistas privados.

La decisión del gobierno, que pretendió ser salomónica, principalmente para contentar y contener a los inconformes de su mismo partido, no dejó contento a nadie. Los defensores del patrimonio nacional no podrán ver con buenos ojos que casi la mitad de las instalaciones actuales queden en manos de empresas extranjeras, pero los inversionistas potenciales no están muy conformes con sólo poder adquirir poco menos de la mitad de los bienes que ya veían en sus inventarios.

Por otra parte, la decisión ha sido piedra de toque para conocer cuál es el pensamiento de algunos actores políticos y económicos de este país.

En los círculos críticos, nacionalistas y prevenidos a la defensiva frente al Tratado de Libre Comercio, cayó bien la noticia, a pesar de que la determinación parece incompleta. Por otro lado, Luis Pazos, los dirigentes empresariales y el PAN --quien hace nuevamente a un lado tesis nacionalistas de sus principios doctrinarios-- criticaron la medida; para ellos lo mejor hubiera sido vender completas las plantas de la industria petroquímica.

Como se ve, el debate no está totalmente terminado; los que quisieran defender a toda costa lo que se considera parte de los bienes protegidos constitucionalmente como inalienables, no están de acuerdo en la venta parcial que ahora se pretende, y los que esperaban la privatización y eventualmente la entrega al capital externo de la petroquímica mexicana, no están de acuerdo en que la venta sólo sea de una parte de los bienes y mucho menos con la administración mayoritaria que se reserva el Estado mexicano con su 51 por ciento.