El vocero del gobierno federal, Dionisio Pérez Jácome, abrió ayer la posibilidad de que el Ejército Popular Revolucionario ``sea escuchado'' por las autoridades, siempre que ese grupo armado se aleje en forma permanente de los métodos violentos. Una semana antes, el gobernador guerrerense, Angel Heladio Aguirre Rivero, refiriéndose a los resultados de la elección que tuvo lugar en su estado el domingo 8 de este mes, había hablado de que éstos podrían facilitar ``el inicio para una eventual negociación'' con ese grupo, con el fin de buscar su integración a la vida política pacífica y legal.

Se trata de propósitos sin duda plausibles que introducen un matiz sutil, pero novedoso, en la actitud gubernamental mantenida hasta ahora frente a la organización armada, que se dio a conocer en junio de este año. Ciertamente, el gobierno, sin desatender el cumplimiento de sus obligaciones y atributos legales, no debiera escatimar esfuerzos políticos para mantener la paz en el país, y la mera enunciación oficial de que no es imposible la búsqueda de un entendimiento con el EPR, condicionada a que éste deje las armas, es de suyo un elemento que refuerza las posibilidades de que tal cosa ocurra.

Explícitamente, el gobierno formula una alternativa a la aplicación de toda la fuerza del Estado: el inicio de una actitud perceptiva hacia los eperristas a cambio de su desarme.

En un panorama ideal, cabría esperar que la dirigencia de la organización armada aceptara el desafío de reorientar su lucha por los caminos institucionales y legales, y que empezara en lo inmediato por responder a las señales mencionadas con un gesto recíproco, como podría ser la prolongación indefinida de la tregua que ella misma decretó.

Sin embargo, no parece fácil que la solución al conflicto generado por el surgimiento del EPR pase únicamente por una buena disposición gubernamental o por la renuncia de los eperristas a sus métodos violentos. Es preciso, además, que la sociedad se movilice en favor de la paz y en contra de cualquier forma de guerra, ya sea la guerra de guerrillas o la guerra represiva que, como se ha visto con deplorable frecuencia en diversas naciones latinoamericanas, termina por convertirse en guerra sucia.

En este sentido, resulta obligado recordar que las expresiones de clamor popular en contra de la violencia que tuvieron lugar en diversos puntos del país en enero de 1994, en los días posteriores al levantamiento zapatista en Chiapas, resultaron un factor decisivo para que el gobierno tomara la decisión de detener la persecución de los alzados y de iniciar la búsqueda de contactos con la dirigencia rebelde, para que ésta suspendiera sus acciones bélicas y para que, hasta la fecha, y a pesar de los muchos momentos de extrema tensión, las hostilidades no se hayan reiniciado en el sureste de la República y el EZLN haya decidido iniciar un proceso de inserción en la lucha civil y pacífica.

En esta perspectiva, el llamado del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, a que los informadores se abstengan de exaltar la violencia, puede verse también como un exhorto a los medios a manifestarse por el mantenimiento de la paz y por la desactivación de los riesgos de la violencia. Y en la medida en que reflexionar sobre sus causas no puede ser tomado como su apología, cabe señalar que, si bien las prioridades del momento pasan por buscar el mantenimiento y la consolidación del proceso pacificador en Chiapas y por la búsqueda de una solución pacífica a la irrupción del EPR en varios estados, éstas y otras manifestaciones de violencia deben ser también atacadas en sus motivos profundos: la marginación, la pobreza extrema, la falta de educación, las deficientes condiciones de salud, alimentación y vivienda de muchos millones de mexicanos, así como la falta de canales de expresión política, los cacicazgos, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos y políticos que, por desgracia, aún persisten en diversas regiones del país