El macabro hallazgo de la Procuraduría General de la República (PGR) en los jardines de uno de los predios de Raúl Salinas de Gortari encierra tanta espectacularidad como polémica, fórmulas casi siempre complementarias, pero no siempre cercanas a la verdad. La osamenta encontrada constituye el punto más alto de una investigación que ha rosado en más de una ocasión la comedia. Parece tenerlo todo: intrigas familiares, despechos personales, y por supuesto crímenes. Sin embargo el desarrollo de esa investigación no ha estado exento de polémicas; por el contrario, su afición por los medios --afición que profesan ambas partes-- ha potenciado los linchamientos.

Y entre la integración de las averiguaciones en contra del hermano incómodo, proceso que ya suma cinco investigaciones, y los yerros de la parte acusadora, nos enfrentamos a la aparición de una osamenta en un jardín incómodo con alegatos más propios de las novelas policiacas que del análisis político. Cargando con el desprestigio que han conseguido acumular las partes, se torna difícil creer o no en las versiones que se ofrecen y la tentación a construir una propia es alta.

El peor de los mundos, sin haber establecido aún la identidad de lo hallado, en el torneo de desprestigios se vuelven creíble ambas versiones: la de la PGR tiene sentido si se hace una mínima especulación sobre la inmensa impunidad con que se actuó desde el poder, de manera que enterrar un cadáver en una finca es sólo un gesto más de excentricidad y está lejos de constituir una prueba de impericia. La prudencia es propia de los que no son impunes. ¿Por qué no? La defensa descalifica el hallazgo introduciendo la posibilidad de que la fiscalía haya sembrado las supuestas pruebas y de entrada está dispuesta a descalificar cualquier peritaje. A su favor obra el hecho de que el cráneo presente huellas de una autopsia anterior. ¿Por qué?

Si efectivamente los restos hallados corresponden a Muñoz Rocha, la PGR tendrá que construir una versión que destierre todas las dudas que hoy flotan, y quizás entonces afloren las aún más macabras consecuencias políticas del descubrimiento. Si no fuera el caso, la fiscalía tendría que pagar las consecuencias de una averiguación mal integrada, y el hermano incómodo seguramente sería declarado inocente del cargo de homicidio con todas las consecuencias políticas del caso. Ambas partes cargan con una consistente tradición de desprestigio que deberán remontar para colocar sus argumentos.

El punto es que el trabajo de los forenses ahora deberá luchar a contracorriente de una opinión pública ávida de participar en el establecimiento de toda clase de hipótesis. De manera que si lo que establecen los peritos avala las versiones previas de algunos, su trabajo será leído como prueba de profesionalismo; en caso contrario, si no se confirman las versiones personales previas, el profesionalismo quedará en duda y la sospecha de un aparato de justicia amañado ganará terreno. El anticlímax que no consigue abrirle terreno franco a las verdades jurídicas.

Y mientras las especulaciones corren sobre el cráneo desenterrado, las autoridades han continuado de cierta manera los trabajos de la enterrada comisión Conasupo de la cámara de diputados y han acusado de malos manejos a varios funcionarios de la paraestatal. Un ex cuñado del hermano incómodo y un ex subsecretario estarían implicados. La hebra sigue dando. Aunque ciertamente es más jugoso especular sobre cráneos desenterrados, ojalá llegue el día que los malos manejos de los dineros públicos apasionen tanto a la opinión pública. La materia, por desgracia para todos, sigue siendo abundante.