Ayer se anunció la decisión gubernamental de replantear los planes de privatización de la petroquímica secundaria, y el establecimiento de un mecanismo de control por parte del Estado --mediante la posesión del 51 por ciento de las acciones-- de los complejos cuya venta parecía inminente. En tal determinación seguramente se conjugaron diversas razones técnicas y legales --una de las principales, el hecho de que en Cosoloeacaque y otras plantas se generan, al mismo tiempo, derivados primarios y secundarios del petróleo, y resultaría casi imposible dividir los procesos de producción para mantener unos como propiedad estatal y privatizar los otros--, pero sin duda el motivo principal de este cambio oficial de postura fue el vasto rechazo de la ciudadanía a la desincorporación de una parte medular de nuestra industria petrolera.

La nacionalización del petróleo, realizada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, fue una acción definitoria en la historia moderna del país, una gesta de las que generan identidad nacional. Más allá de la necesidad evidente de que el país gozara de pleno control sobre sus recursos naturales estratégicos, más allá de la obvia conveniencia de este control por razones económicas, de soberanía y de seguridad nacional, el petróleo propiedad de la Nación se ha constituido, en los casi sesenta años que median desde el 18 de marzo de 1938 a la fecha, en un factor de la nacionalidad.

Era previsible, por ello, que cualquier ensayo de privatización de tramos sustanciales de la industria petrolera habría de generar reacciones por demás adversas en vastos sectores sociales, y que las desincorporaciones en este ramo tendrían que imponerse al margen de cualquier consenso.

Cabe destacar el hecho de que las autoridades federales percibieron, finalmente, los clamores en contra de la privatización de la petroquímica secundaria y matizaron sustancialmente sus planes en este sentido, porque ello es una expresión de sensibilidad política y de una actitud propiciadora de acuerdos nacionales.

Ciertamente, la nueva modalidad propuesta, que mantiene el 51 por ciento de los actuales complejos como propiedad pública, y permite el control total por parte de la iniciativa privada --nacional y extranjera-- sólo en las plantas que se construyan en el futuro, no ofrece ninguna situación ideal, pero sí puede representar una fórmula de compromiso entre el rechazo mayoritario a la privatización completa, la política económica seguida por el régimen y los actores foráneos --gobierno estadunidense, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional-- que querrían ver el petróleo mexicano librado a los rejuegos del libre mercado internacional.