Gobernación trata por separado con AN y PRD sobre el paquete electoral

Ismael Romero La Secretaría de Gobernación sostuvo este fin de semana reuniones privadas, por separado, con los negociadores de los partidos políticos para conciliar diferencias sobre el contenido del paquete de reformas en materia electoral que se enviará en los próximos días al Congreso de la Unión.

PAN y PRD coinciden en que las coaliciones, la integración de los órganos electorales y el financiamiento a los partidos son los puntos de conflicto, señaló el diputado panista José Luis Torres, quien informó que los grupos parlamentarios de los dos partidos se reunirán el martes, como ya lo han hecho con anterioridad, para definir ``hasta dónde se van a mover'' con relación a la aceptación del contenido de las iniciativas.

Torres dijo que los encuentros entre Gobernación y las dirigencias de los partidos se están dando por separado. Y en ello coincidió con el senador Ricardo Monreal, quien el viernes informó que este fin de semana se trabajaría en la dependencia para salvar las diferencias que aún persisten.

Agregó que en el trabajo conjunto realizado, el PAN y el PRD han manifestado su desacuerdo con partes del proyecto de reformas presentado por Gobernación, y dijo que el punto central de discrepancia es la integración de los órganos electorales.

En el documento oficial, explicó, subyace la idea de que los secretarios ejecutivos del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los consejos electorales estatales y distritales tengan la autoridad y control de los órganos electorales.

``Aceptar esto sería volver a lo mismo''. Indicó que la propuesta de los partidos de oposición es que los consejos sean los que tengan la autoridad de los órganos.

Panistas y perredistas mantienen diferencias en el tema del financiamiento, porque se pretenden incrementar de manera desproporcionada las prerrogativas económicas a algunos partidos. Por ejemplo, indicó, en el caso del Partido del Trabajo el aumento sería de 10 mil por ciento.

El gasto electoral para el periodo 1996-1997 sería de unos 250 millones de dólares. De esa parte, se pretende que partidos con registro condicionado y otros obtengan cuantiosos ingresos públicos. Por ejemplo, al Partido Verde Ecologista Mexicano le podrían asignar hasta 200 millones de pesos.

Otro tema en el que hay diferencias es el del Tribunal Federal Electoral, al que se intenta erigir como especie de ``mini Suprema Corte de Justicia''. A los ministros electorales se les busca dar las mismas prestaciones y los mismos sueldos, además de que al TFE se le pretende dotar de total autonomía.

Por otro lado, no se tiene prevista la instalación de los centros de votación, y la elaboración de la lista nominal con fotografía sólo ha quedado como una ``posibilidad''.

En el tema de sanciones administrativas se propone la elaboración de un catálogo para aplicarse, indistintamente y al arbitrio de los consejos, a candidatos y partidos políticos, por ejemplo. No se precisa cuáles corresponderán a unos y cuáles a otros.

En este rubro no se tiene prevista la ``nulidad'' de la elección en caso de que un partido viole las reglas de la competencia. Sólo se le sancionará administrativamente, pero si su candidato ganó la elección, nada se podrá hacer en este sentido. Explicó el panista que en cuanto al acceso a los medios de información, no se está garantizando la equidad ni la posibilidad de que los partidos puedan exigir rectificaciones, sólo aclaraciones. Hay una avance, no obstante, en los tiempos.