Entregó Teodoro Palomino a su acusador el monto del presunto fraude; denuncia ``campaña de represión'' contra grupos sociales

Ricardo Olayo Teodoro Palomino Gutiérrez, dirigente de Alternativa Socialista, entregó a su denunciante los 6 mil pesos del supuesto fraude de que lo acusa, cometido en 1993, a fin de evitar el juicio penal y ``el alto costo que hubiera significado'', dijo ayer en entrevista.

Con el pago quedó sin efecto el proceso que se le seguía en el juzgado 22, pero tiene pendiente el juicio por dar información falsa a un Ministerio Público sobre la posesión de unas viviendas en la colonia Guerrero. ``De ese asunto tenemos toda la documentación para demostrar que siempre hemos tenido posesión y ello se puede comprobar fácilmente porque en ese domicilio están nuestras oficinas'', afirmó.

En días pasados, Palomino pagó una fianza para no ser encarcelado y por tratarse de delitos no graves, dijo que los cargos en su contra se desvanecerán y podrá comprobarse que su detención y otros hechos, como la captura de uno de los dirigentes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) ``son una campaña de intimidación a las organizaciones sociales''.

El ex dirigente magisterial y ex integrante del Partido del Trabajo, dijo que Alternativa Socialista no va a variar su posición política, las cuales incluyen apoyo a las iniciativas políticas y de paz del EZLN, y al Congreso Nacional Indígena que anteayer se clausuró.

Los actos de solidaridad han sido permanentes, ``pero no pertenecemos ni al EZLN, ni al EPR'', dijo en referencia a la posible vinculación que quiera hacer el gobierno con esas organizaciones.

Sobre su detención el pasado 2 de octubre, indicó que hubo excesos de la Policía Judicial por las lesiones que le fueron causadas, en particular en las muñecas de las manos, al colocarle las esposas.

Dijo que en su captura fueron llevados a la agencia del Ministerio Público Elizabeth Lara García, José Francisco Huerta Avalos e Ignacio Palomino Gutiérrez, a quienes se les inició una averiguación previa por resistencia a la autoridad, y por una cosa ``absurda'', daño en propiedad ajena causado a las camisas de los agentes judiciales, ``que fueron quienes se las rasgaron''.

Agregó que por todos eso, Alternativa Socialista presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que abrió el expediente 96/4412 a cargo de Carmen Hernández Hernández, de la segunda visitaduría.

En la entrevista entregó una copia de la boleta de libertad que le extendió el juez 22 penal, Andrés Martínez Diazconti, en que se lee que la acción penal se extinguió ``por perdón de la parte ofendida por el delito de fraude genérico''. Explicó que la contratación de abogados y el hecho de firmar cada semana en el Reclusorio Oriente hacían más oneroso el gasto que entregar el dinero por el que se le acusó, pero dijo que no se reconoce como responsable de ese presunto fraude, cuya cantidad ``es simbólica''.

Comentó que conoció a su denunciante hasta el momento en que acudió al juzgado y aseguró que hace algunos meses el subprocurador, José Elías Romero Apis le indicó que esa averiguación previa ya había quedado sin efecto.

``Parece curioso que las averiguaciones en mi contra prosperen, mientras otras que hemos interpuesto ante la Procuraduría no han tenido el curso normal'', y sobre eso hay por lo menos dos denuncias, una de ellas por el intento de un sujeto identificado de incendiar un campamento en la calle de Cedro.