Será hoy cuando los secretarios de Energía y de la Contraloría, Jesús Reyes Heroles y Arsenio Farell Cubillas, respectivamente, den a conocer en conferencia de prensa el resultado del estudio jurídico que realizó esta última dependencia para continuar con el proceso de licitación de los 61 complejos petroquímicos controlados por Petróleos Mexicanos.

Se trata de un ``novedoso mecanismo'' mediante el cual se pretende que el Estado mantenga el control sobre ese sector, que ha sido prácticamente reconsiderado como estratégico para la seguridad y estabilidad nacionales. Específicamente, ambos secretarios informarán que el Estado mantendrá el control de 51 por ciento de la industria petroquímica nacionalizada.

Sobre este principio, los esquemas de privatización del 49 por ciento restante serán variados. Por un lado, se impulsará un mecanismo de emisión de bonos y acciones (bursatilización) en los mercados nacionales e internacionales, mediante el cual los grandes consorcios y empresas trasnacionales podrán participar directamente en esta industria, reservada en otros tiempos exclusivamente a los mexicanos.

En el caso de los nuevos complejos petroquímicos --que están por construirse--, el capital privado participará con 49 por ciento y el resto (51 por ciento) lo aportará el Estado. En este último caso, las plantas se licitarán mediante un concurso internacional; ``nunca habrá asignaciones directas --comentó una fuente del sector energético oficial--, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos''.

La decisión se tomó después de un ``riguroso'' proceso, en el cual el encargado de la Oficina de la Presidencia de la República y uno de los hombres más cercanos al presidente Ernesto Zedillo, Luis Téllez, habría dicho en torno a la venta de estas plantas que ``no sabían cuál, porque desconocían el cómo'', lo que en buen castellano quiere decir que el gobierno no sabía hacia qué sectores promover la desincorporación de los bienes nacionales, por el simple hecho de que ni política, ni económica, ni jurídicamente conocían cómo formalizar el proceso.

El presidente Zedillo dio instrucciones a sus principales colaboradores para que se le informara puntualmente sobre el proceso de venta, los probables candidatos y los obstáculos jurídicos, económicos y políticos. Zedillo planteó esta exigencia luego de que se hizo público el escándalo de violaciones a la ley que conllevaba la licitación original de las plantas petroquímicas.

Resultaba obvio que el ex presidente Carlos Salinas había dejado prácticamente concluida la forma en que se venderían las petroquímicas, pero el entonces secretario de Energía, Ignacio Pichardo Pagaza, un político que desconocía totalmente este sector, sólo enredó el de por sí viciado proceso de licitación.

De ahí que el primer mandatario tomara la decisión de nombrar a Jesús Reyes Heroles titular de esta cartera, para que empezara prácticamente desde cero el proceso de desincorporación de las plantas petroquímicas. Una de las exigencias y condicionamientos a Reyes Heroles fue que diera información no sólo oportuna, sino detallada, en torno a dicha venta. En este proceso de depuración tuvo una participación fundamental el director de Petróleos Mexicanos, Adrián Lajous.