La aspiración de los indios de México a ser reconocidos como pueblos es una de las demandas profundas de sus movimientos. Es, en sí misma, una aspiración inobjetable. No obstante, ser pueblos no puede ser el resultado de un decreto o el efecto de la aprobación de una ley.

Ser pueblos hoy es un asunto contemporáneo, no es volver a ser los pueblos que dejaron de ser hace cientos de años; implica crear y concebir las condiciones para convertirse en los pueblos del siglo XXl.

Que cuentan con la solidaridad de la mayoría de la población de nuestro país en sus afanes es también indudable. El asunto es cómo, entre todos, lo logramos.

El territorio aparece como el sustrato material de la reconstrucción de los pueblos indios, la condición imprescindible.

Aquí nos topamos con circunstancias y realidades insoslayables a las cuales debemos dar respuesta y no simplemente ignorar, negar o rechazar, aun a pesar de que sean el resultado evidente de la acumulación histórica de injusticias.

De lo contrario, tendríamos que remontarnos a desfacer los entuertos y brutalidades territoriales que el imperio mexica cometió contra la mayoría de los pueblos indios de endenantes... y así hasta el origen del hombre americano.

Los indios de México quieren ser pueblos ahorita, y es hoy cuando debemos construir las respuestas.

No está de más señalar que no existe suficiente información sobre la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, y que los estudios al respecto brillan por su ausencia, lo que nos hace preguntarnos con angustia ¿cómo le van hacer para legislar?

Podemos muy provisionalmente decir que el 5 por ciento de la tierra en posesión pertenece a las formas de propiedad de ejidos y comunidades, unos 103 millones de hectáreas. De estas poco más de 20 millones de hectáreas son tierras de labor que están repartidas en 30 mil ejidos y comunidades y en manos de 3.5 millones de ejidatarios y comuneros.

Si partimos de considerar a los municipios que tienen censalmente 30 por ciento o más de población indígena, poco más de 800, hablaríamos de que ocupan unos 22 millones de hectáreas totales, o sea unos 6 millones de hectáreas de labor, repartidas en unos 6 mil 300 ejidos y comunidades, y aproximadamente en manos de un millón de ejidatarios y comuneros.

Recordemos que estas cifras derivan de considerar a los municipios con 3 por ciento o más de población indígena, lo que indica que incluimos población que no se considera indígena en una suma difícil de calcular, pero que debe ser grande y por lo tanto no necesariamente aspirarían a considerarse municipios indígenas.

Si pensamos, además, que por su ubicación ocupan tierras de mala calidad y mínima infraestructura y casi totalmente de temporal, no puede ser la posesión de la tierra el sustento de la legítima y reiterada demanda del reconocimiento al territorio, a la ``territorialidad'', ni siquiera lo es de la subsistencia.

No es el caso de Canadá, Estados Unidos, Nicaragua, Colombia, o Brasil, países en los cuales los territorios indígenas son inmensos y están en uso casi exclusivo de ellos, y por lo tanto la demanda de reconocimiento del ``territorio'' es la sanción constitucional de un hecho social e histórico.

En el artículo 169 de la OIT, única legislación internacional en que se reconocen los derechos indígenas, el territorio es reconocido como hábitat y abarca los aspectos materiales y simbólicos de su uso y aprovechamiento, garantiza el derecho del uso cultural y político de un espacio físico, mas no establece criterios para la propiedad.

Cuando este territorio por razones históricas es exclusivo, puede convertirse en el eje de la reconstitución de los pueblos indios y espacio de legislación especial; cuando no, como es nuestro caso, el asunto se complica extremadamente. En su gran mayoría, el territorio donde habitan los indios de México es compartido con ``otros'' mexicanos, y por lo tanto el establecimiento de legislación específica chocaría permanentemente con la legislación general en un mismo espacio.

En mayor medida, si consideramos de buena fe que ya no hay mucha tierra que repartir, y que millones de indios no tienen ni tendrán acceso a ella (jornaleros, braceros, etcétera) y los que la tienen están en muchas ocasiones en eterna vendetta entre ellos por defender algunos surcos, debemos ser capaces de enfrentar que no es la vía agraria el camino general para garantizar la subsistencia y menos el desarrollo de los pueblos indios, y menos entonces la garantía de su reconstitución como pueblos.

¿Hemos estudiado y discutido estas cuestiones con seriedad y rigor, más allá de las opiniones de coyuntura? ¿De qué sirven a los pueblos indios y a la patria las declaraciones tronantes y la ideología de palabras, en este caso ``territorios'', que se adosan a la Constitución sin posibilidad de convertirse nunca en realidad?

La voluntad decidida de reconstituirse como pueblos indios pasa por un ejercicio de imaginación colectiva de los indios y de los menos indios, en un país en el cual sus pueblos quieren persistir como el cemento de la nación y quieren hoy construir el palacio de la pluralidad.

Empezar a ver con seriedad las circunstancias y alternativas reales en un sano diálogo intercultural, debe ser el principio a partir del cual pongamos un dique a ese terrible drama nacional en el que legislar se convierte en una forma paternalista de simular.