Anomalías administrativas en la SSP

Víctor Ballinas La Contraloría General del Departamento del Distrito Federal (DDF) informó ayer que en la auditoría practicada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detectó diversas irregularidades, entre ellas pago de remuneraciones injustificadas por 554 mil 300 pesos, y anomalías en recursos materiales por 5 millones 600 mil pesos.

Otras deficiencias que detectó son la falta de oportunidad de comprobación de recursos otorgados, deficiencias en el fallo de una licitación y diferencias de precios en los talleres contratados para reparación de equipo terrestre.

Trascendió en el DDF que se investiga al superintendente y encargado del despacho de la SSP luego de la destitución de David Garay Maldonado, Rafael Avilés Avilés.

Se apunta en el informe previo de la auditoría que la Contraloría General procederá a hacer la confronta de resultados con los servidores públicos responsables de las áreas auditadas, para que aclaren y sustenten su actuación; en caso contrario, se subraya, se procederá a la integración de los expedientes para el inicio de los procedimientos disciplinarios que determina la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Mientras tanto, explica, ``la Contraloría del DDF está impedida de divulgar información más detallada al respecto, tanto para no entorpecer el procedimiento ulterior, como para no lesionar los derechos de los presuntos responsables, en el proceso de solventación de responsabilidades''.

El contralor Héctor Manuel Valenzuela indicó lo anterior al secretario de Seguridad Pública, general Enrique Salgado Cordero, al hacerle entrega del informe previo sobre la auditoría practicada a esa institución.

Asimismo, los resultados preliminares de la auditoría señalan que del total del presupuesto calendarizado al 30 de junio, por un total de mil 165 millones 400 mil pesos, el 30.5 por ciento, que equivale a 358.5 millones de pesos, ``fueron recursos comprometidos, pero quedaron pendientes de pago'', y sólo se erogaron 777.9 millones de pesos, y quedaron disponibles 29 millones de pesos.

Así, para el segundo semestre del presente año, julio-diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un presupuesto disponible de mil 137 millones 900 mil pesos, que representan el 45 por ciento con respecto a lo gastado en el primer semestre.

En el informe previo de la auditoría, se indica en las observaciones que en materia de recursos humanos se detectaron deficiencias de carácter administrativo en la aplicación y formalización de movimientos por incidencias de personal de carácter interno, efectuados en el periodo revisado --enero-junio--, provocando pago de remuneraciones injustificadas por un monto de 554 mil 300 pesos, de un ejercicio presupuestal en este capítulo de gasto de 457 millones 800 mil pesos.

Por lo que se refiere al rubro de recursos materiales, la Contraloría del DDF detectó deficiencias en el procedimiento de fallo de una de las 18 licitaciones públicas realizadas en el periodo --enero junio-- y se constataron deficiencias en la aplicación de sanciones a los proveedores que incumplieron los plazos contractuales de entrega.

En ese rubro, también se observó incumplimiento en uno de los contratos adjudicados respecto de la cláusula de escalatoria de precios, así como deficiencias administrativas en el control de almacenes e inventarios. El monto observado en el rubro de recursos materiales asciende a 5 millones 600 mil pesos, de un monto presupuestal auditado de 324 millones 100 mil pesos por este concepto.

En el rubro de servicios generales, la Contraloría constató deficiencias en el concepto de reparación de equipo terrestre, determinándose diferencias de precios en los servicios prestados por los talleres contratados para tales efectos, razón por la que se continuará con la aplicación de pruebas supletorias de auditoría que permitan constatar la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

Por lo que se refiere a los recursos financieros, se detectaron deficiencias administrativas en la aplicación de las partidas presupuestales por los gastos realizados, falta de oportunidad en la comprobación de recursos otorgados para hacer frente a las necesidades urgentes e inconsistencias en el registro presupuestal de gastos por centro generador