Autoridades de BC prevén una ola de crímenes entre narcos

Jesús Aranda El Consejo de la Judicatura Federal recibió, desde el 2 de febrero de 1995 hasta el 19 de septiembre pasado, un total de mil quejas administrativas en contra de magistrados y jueces federales; de éstas, solamente 47 resultaron fundadas. En tanto, el consejo determinó la no ratificación de seis magistrados y jueces de distrito, por considerar que no reunían las aptitudes necesarias para ocupar esos cargos.

En un balance de sus primeros 19 meses de trabajo, el Consejo de la Judicatura Federal, que fue creado a raíz de las reformas del Poder Judicial federal en diciembre de 1994, se agrega que fueron 354 las quejas ``improcedentes e infundadas'', 373 las ``improcedentes'' y 180 las infundadas.

Asimismo, el consejo declaró que 11 quejas en contra de jueces y magistrados no eran de su competencia, y 15 fueron ``sin materia, improcedentes e infundadas'', entre otras.

En cuanto a esto, fuentes de la Judicatura explicaron que, aunque a simple vista pareciera que son pocas las quejas fundadas de un total de mil denuncias presentadas, resulta que gran parte de los recursos interpuestos en contra de los jueces y magistrados obedece a quejas en contra de los juzgadores porque aquellos dictaminaron de una forma contraria a sus intereses.

Lo que ocurre, añadieron los informantes, es que el consejo no califica el sentido de las sentencias, sino que analiza la conducta y el modo de actuar de jueces y magistrados desde el punto de vista administrativo.

``Nosotros no podemos aceptar una queja en contra de un juzgador, por el hecho de que el fallo judicial sea contrario al demandante'', indicaron.

En lo que respecta a las sanciones recibidas por los funcionarios del Poder Judicial federal, el consejo señala en su balance -en poder de La Jornada- que fueron 57 las sanciones aplicadas (algunos recibieron dos tipos de castigo). Veintiocho jueces y magistrados fueron objeto de apercibimiento privado, seis fueron destituidos y siete suspendidos; en dos casos se aplicó un multa a los funcionarios culpables, además de que el consejo determinó ``dar vista'' a la Procuraduría General de la República en cuatro asuntos.

Debe señalarse que las reformas constitucionales de 1994 establecieron la creción del Consejo de la Judicatura Federal -cuyo presidente es José Vicente Aguinaco Alemán, quien preside también la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, y este nuevo órgano es el encargado de la administración y vigilancia de todo el Poder Judicial federal, a excepción de la Suprema Corte.

En cuanto a la no ratificación de jueces y magistrados, la información precisa que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando un juez o magistrado es designado, su nombramiento es sólo por un periodo de seis años y, al terminar su período, el consejo evalúa, en lo general, el desempeño del funcionario para determinar si el juzgador cumplió con eficacia su trabajo y merece ser ``ratificado'' en su cargo.

A pesar del hermetismo con que se maneja este asunto, trascendió que, por lo menos, dos magistrados no fueron ratificados hasta el l9 de septiembre pasado.

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 11 de octubre Las autoridades judiciales mexicanas en Baja California prevén que se avecina una ola de crímenes, particularmente en esta frontera, entre gatilleros de narcotraficantes que, según varias fuentes consultadas, han iniciado una guerra por el control de la plaza, después de la detención, en San Diego, de Emilio Valdés Mainero y Alfredo Hodollán Palacios, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser pistoleros al servicio del cártel de los hermanos Arellano Félix.

La primera víctima de esta guerra entre asesinos a sueldo fue identificada como Gustavo Miranda, de 25 años de edad, el cual resultó acribillado a balazos el pasado 3 de octubre, en la garita internacional de San Ysidro, y actualmente se encuentra en un hospital de San Diego bajo protección del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la agencia estadunidense antinarcóticos (DEA).

Gustavo Miranda fue atacado, el pasado jueves 3 de octubre, mientras esperaba en la garita internacional de San Ysidro para cruzar hacia territorio de Estados Unidos, por un hombre de aproximadamente 25 años de edad, el cual logró darse a la fuga.

El hombre recibió tres impactos de bala, dos de ellos en el cuello y, después de ser intervenido quirúrgicamente en el Hopital Del Prado en esta frontera, fue trasladado a una clínica en San Diego, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la PGR y la DEA.

Gustavo Miranda se dedica, según dijeron familiares, a la venta de seguros; pero las autoridades judiciales en Baja California investigan sus presuntos vínculos con varios asesinatos relacionados con riñas entre narcotraficantes, ocurridos recientemente.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el presente año se tienen documentados 205 asesinatos, de los cuales al menos 60 están relacionados con disputas entre narcotraficante y unos 20 con las grandes organizaciones delictivas.

Rescatan de ser linchado al violador de una niña de siete años

Por otra parte, agentes de la Dirección de Seguridad Pública municipal de esta frontera rescataron a un presunto violador que iba a ser linchado por vecinos de la colonia Marrón, después de ser acusado de atacar sexualmente a una menor de siete años de edad.

El comandante de la policía local, Ramón Angel Soto Corral, informó que ayer un grupo de, aproximadamente, 20 personas golpeaban con garrotes y piedras a Oscar Rivas, de 28 años de edad, luego de que fue sorprendido merodeando el domicilio de una menor de edad, de la cual abusó sexualmente la semana pasada.

El detenido fue identificado por la niña como la persona que la atacó el martes pasado en un lote baldío, hasta dejarla en malas condiciones físicas.