Parece ocioso insistir acerca de lo vital que es resolver el problema del desempleo que afecta a un gran número de países: la existencia de un gran número de personas sin ocupación no sólo reduce los niveles de actividad económica, al limitar el mercado, sino que también explica parte importante de la pobreza y de la desigual distribución del ingreso. La condición de desempleado, además de ser socialmente humillante, representa un foco potencial de tensiones políticas. Por lo tanto, son consideraciones económicas, sociales y políticas las que hacen necesario atacar este problema.

La corriente económica dominante sostiene que la vía fundamental para enfrentar este desafío pasa por lograr, primero, un mejor funcionamiento de los mercados laborales. En suma, según este punto de vista, en la medida que se vayan reduciendo las interferencias que están impidiendo el adecuado funcionamiento del mercado laboral, los niveles de empleo irán aumentando.

Las interferencias a las cuales en este caso se está haciendo referencia son la legislación sobre el salario mínimo, que determinan que la tasa salarial sea superior a la necesaria para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo; las regulaciones que están determinando, en forma indirecta, el aumento en el costo que para los empresarios representa la contratación de trabajadores, como, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, las cotizaciones patronales a los sistemas de seguridad social, las compensaciones por despido, etcétera; y, en tercer término, la interferencia de los sindicatos en la fijación de salarios y normas de trabajo que obstaculizan que el mercado de trabajo alcance su nivel de equilibrio.

Según este planteamiento, la flexibilización de los mercados laborales, al reducir el salario y los otros costos conectados con la contratación de trabajadores, determinará, por una parte, que se reduzca la oferta de trabajo pero, fundamentalmente, estimulará su demanda, y de esta manera se irá resolviendo el problema del desempleo. En particular, se señala que menores salarios en comparación con los costos de los otros factores de la producción, determinarán que aumente la intensidad laboral de los procesos productivos.

Puede que, efectivamente, algunas reformas laborales hagan más dinámica la demanda de empleo. Sin embargo, existe otro determinante mucho más importante de los niveles de ocupación que el funcionamiento de los mercados laborales. Este es el crecimiento económico. Una economía que no crece no estará en condiciones de generar los puestos de trabajo requeridos. Apoyarse exclusivamente en las reformas laborales, si bien puede generar alguna demanda adicional de trabajo, determinará, necesariamente, el descenso en los salarios. Podrá haber, por lo tanto, algunos malos empleos adicionales. Pero quedará sin resolver el problema de la creación masiva de ocupaciones, que es lo que se requiere, con niveles salariales en aumento.

Estimaciones para la economía mexicana señalan que si el producto creciera a una tasa media anual de 4 por ciento entre 1990 y el año 2010, la participación del empleo informal en el total de las ocupaciones no se reduciría, y que el crecimiento requerido para que este último año el empleo formal abarcara el 90 por ciento de la población económicamente activa es de 8 por ciento anual en promedio.

De lo expuesto se concluye que es erróneo poner exclusivamente énfasis en la introducción de reformas laborales como vía para resolver el problema del desempleo. Este desafío no podrá ser resuelto en el contexto de una economía estancada.