Presenta Conasupo cuatro denuncias contra funcionarios del sexenio pasado

Oscar Camacho Guzmán Cuatro demandas penales por presunta defraudación y afectación al patrimonio de Conasupo presentaron ayer ante la PGR los abogados de esa paraestatal, en acatamiento a una instrucción que la Secretaría de la Contraloría les hizo llegar como resultado de las investigaciones sobre corrupción en Conasupo, realizadas por diputados del PRD, PAN, PT y PRI en los últimos nueve meses.

En las denuncias penales, la Conasupo señala como presuntos responsables a funcionarios de la pasada administración muy ligados a Raúl Salinas de Gortari, entre ellos Salvador Giordano, quien fungió en el gobierno de Carlos Salinas como subsecretario de la Contraloría encargado del combate a la corrupción, así como Juan Manuel Pasalagua, familiar político de Raúl Salinas.

Lo anterior fue dado a conocer ayer por el director de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), Humberto Mosconi, durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Programación y Presupuesto, con quienes se reunió para analizar la Cuenta Pública de 1995 ejercida por esa dependencia.

Ante los cuestionamientos de diputados que le pidieron explicar las acciones para evitar la corrupción en esa dependencia, Mosconi dio a conocer que el jueves le fue turnado por secretario de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas, un escrito en el que le notifica que, como resultado de las investigaciones de corrupción en Conasupo, presente denuncia de hechos ante la PGR por cuatro presuntos delitos de defraudación.

El primer caso tiene que ver con las ``irregularidades detectadas en los resultados de las auditorías externas e internas efectuadas a Conasupo y sus filiales, en la construcción de una planta efectuada por Diconsa en el estado de Guerrero, y como responsable, Salvador Giordano Gómez''.

En el segundo también aparece como responsable Salvador Giordano, y en este caso se le acusa de ``irregularidades detectadas en la celebración de contratos de distribución de harina de maíz entre Diconsa y una empresa de capital privado''.

La tercera demanda penal involucra también a Salvador Giordano Gómez, así como a otras dos personas, de nombres Carlos Alamán Bueno y Víctor Gómez, por ``irregularidades detectadas en el proceso de desincorporación de la planta Diconsa, de Atlacomulco''.

En el cuarto caso aparece como responsable el cuñado político de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua, así como los señores Marco Antonio Bareño Arvizu y Agustín Vargas Durán, a quienes se les acusa de ``irregularidades detectadas en la compra de frijol chino no apto para consumo humano''.

La denuncia fue hecha ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Fiscales y de Banca.

Asimismo, Humberto Mosconi informó que entre las medidas de combate a la corrupción se han trabado embargos precautorios en cinco propiedades de dos de los inculpados, así como las acciones con las que participó uno de ellos en la empresa Aluminio.

Al respecto, indicó que también están asegurados 29 mil 600 dólares depositados en una cuenta bancaria de la PGR, y otra cuenta de inversión a plazo fijo por 50 millones de pesos.

Estas últimas propiedades y cuentas serían, presuntamente, de los involucrados en los ilícitos denunciados por Conasupo ayer ante la PGR.

La política social no la define el FMI: Del Val

Además de Humberto Mosconi, también compareció ayer en la reunión de análisis de la Cuenta Pública el subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Enrique del Val Blanco, quien rechazó que la política social del país la defina desde el exterior algún organismo internacional de los que México es deudor, como el Fondo Monetario Internacional.

``La política social de nuestro gobierno es decisión de los mexicanos'', dijo, al tiempo que dio a conocer el destino de dos créditos del Banco Mundial y del banco Interamericano de Desarrollo, canalizados a acciones de política social en estados como Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Zacatecas