Traducir en medidas concretas los acuerdos que entre las partes se han ido alcanzando en San Andrés es uno de los imperativos para que el diálogo funcione. En este sentido, lo pactado en febrero pasado en relación a los derechos de los pueblos indios es el primer paso necesario.

Tras cinco siglos de racismo, injusticias y marginación, no han mermado el espíritu de dignidad y de lucha de estos pueblos y sus organizaciones. El Congreso Nacional Indígena que se lleva a cabo en estos días es el más reciente y tal vez uno de los más importantes foros que en esta materia se han realizado en los últimos años. Más allá de la coyuntura, estos eventos demuestran que la raíz indígena de nuestro país es algo vivo y actual, no un objeto de museo.

La búsqueda de la consolidación democrática de la República y de sus instituciones es paralela a la lucha de los pueblos indígenas. Restaurarles sus derechos es reconocernos como una Nación pluricultural y pluriétnica, formada por diferentes pueblos y culturas. La única forma de coexistir en armonía se llama democracia plena.

Este fue el compromiso asumido tanto por el Gobierno Federal como por el EZLN en la mesa de diálogo en San Andrés el pasado 16 de febrero. Implica en lo fundamental iniciar la construcción de un nuevo pacto social que modifique estructuralmente las relaciones que en la actualidad existen entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas.

Es prioritario erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, la desigualdad y la discriminación. Asimismo, se debe garantizar el reconocimiento a su autonomía como una garantía constitucional y el ejercicio de su libre determinación en los territorios que actualmente ocupan.

Esto significa que se les debe respetar el derecho a su hábitat, uso y disfrute del territorio; su capacidad de autogestión política comunitaria; dar las bases para que se desarrolle su cultura; sus sistemas de producción tradicionales; la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo; la participación en los diferentes niveles de representación política, de gobierno y de administración de justicia.

El compromiso suscrito por el Gobierno Federal y el EZLN es puntual al establecer que las reformas constitucionales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas deben realizarse con un espíritu legislativo creador, que forje nuevas políticas e instituciones y otorgue soluciones reales a los problemas sociales de esos compatriotas.

La lucha por los derechos ciudadanos, económicos y políticos de los pueblos indígenas no puede admitir menos que lo logrado en San Andrés. Este es un asunto de importancia nacional.

En los próximos días, se discutirá en el Congreso de la Unión una iniciativa de cambios constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. La responsabilidad que tenemos los legisladores con la vida republicana de la Nación nos exige desarrollar un esfuerzo para discutir y aprobar un proyecto a la altura de los compromisos contraídos en la negociación de San Andrés y de los reclamos históricos de los pueblos indígenas.

Además de un acto de justicia, la aprobación de cambios de fondo a la Constitución General de la República sería un mensaje de distensión y de concordia, en un país que vive días de agitación e incertidumbre. Ni un paso atrás en la lucha por la dignidad.