Protestas masivas en Colombia y Venezuela contra planes económicos

Ap, Efe, Afp, Dpa, Reuter y Ansa, Santafé de Bogotá, 10 de octubre Miles de trabajadores estatales de Colombia efectuaron hoy un paro de 24 horas en todo el país, acompañado de marchas en algunas partes, en rechazo de la política salarial del gobierno que proyecta limitar al 13 por ciento los aumentos de sueldos para 1997.

La Central Unitaria de Trabajadores y la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado dijeron haber logrado la paralización de unos 800 mil burócratas, aunque las autoridades afirmaron que el paro fue parcial ya que muchas oficinas siguieron laborando.

Los líderes sindicales señalaron que esta medida de fuerza es una advertencia a los planes oficiales de sólo darles un aumento del 13 por ciento para el próximo año, pese a que ellos demandan un incremento similar a la inflación proyectada para 1996, que es del 20 por ciento, más un 3 por ciento extra.

El paro fue acatado por gremios como el de comunicaciones, petroleros y de justicia, entre otros. Los de comunicaciones piden además detener la política privatizadora y los petroleros modificaciones a los contratos del ramo que otorgan mayores beneficios a las empresas extranjeras.

La paralización, que se cumplió en forma escalonada y pacífica, se observó en las principales ciudades del país, como Santafé de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En algunas partes se reportó que al final de la jornada se efectuaron marchas y concentraciones públicas.

El ministro del Trabajo, Orlando Obregón, indicó que los trabajadores tenían derecho a expresar su inconformidad pero que era ilógico que antes los sindicatos no se hayan sentado a dialogar. No obstante, al comenzar el paro el ministro había advertido que el paro sería declarado ilegal si afectaba servicios públicos esenciales.

Por otro lado, el influyente gremio bancario y financiero llamó a la concertación de un gran acuerdo para derrotar a las guerrillas. El presidente de la Asociación Bancaria y Entidades Financieras, César González, manifestó que el principal problema hoy en Colombia es la guerrilla y que se hace necesario un gran esfuerzo para derrotarla.

González dijo que el país está en situación de guerra y requiere de una ``economía de guerra'', y asentó que en esas condiciones son absurdas las propuestas que han hecho algunos sectores privados de que congelar o reducir el gasto militar. Por el contrario, acotó, lo que debe hacerse es fortalecerlo para que ``la paz llegue más pronto posible''.

En ese marco, el gobierno colombiano evalúa la compra de helicópteros europeos y estadunidenses para conformar la primera flotilla aérea del ejército. Se pretende así combatir con más efectividad a las guerrillas, dispersas en 97 frentes en casi el 75 por ciento del territorio nacional.

Mientras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia responsabilizaron al gobierno de dificultar la entrega de los 60 soldados que tienen en su poder desde hace 45 días. En un comunicado, la guerrilla dijo que han pasado ocho días sin que el gobierno haya respondido afirmativamente a la propuesta de desalojo de dos áreas del sureste.

El comunicado señaló que, por el contrario, los operativos militares han aumentado en Caquetá y Putumayo. Apuntó que si pasan los 10 días fijados por el Bloque Sur de la guerrilla y no se cumplen las condiciones, entonces ya no será responsabilidad de ellos. Subrayó que el ministro del Interior, Horacio Serpa, no está cumpliendo su palabra.

El comandante del ejército, general Harold Bedoya, al referirse a las exigencias de los rebeldes, precisó que no habrá desmilitarización de ninguna zona sur, sino que sólo se suspenderán las acciones para permitir la entrega de los soldados cautivos.

En otro orden, el gobierno de Estados Unidos calificó como un gesto positivo una declaración de las autoridades de Colombia de aceptar la extradición de nacionales siempre que se haga dentro de un acuerdo multilateral, aunque la Constitución lo prohíba.

Reuter, Afp, Dpa, Efe e Ips, Caracas, 10 de octubre El presidente venezolano, Rafael Caldera, enfrentó esta noche la primer protesta masiva contra su programa económico, cuando miles de caraqueños respondieron a la convocatoria del partido obrerista Causa Radical y se sumaron a lo largo de 20 minutos a un cacelorazo, que se escuchó en diversas partes de la capital.

La protesta, primera de este tipo en los últimos tres años, comenzó al filo de las ocho de la noche y fue perceptible tanto en zonas populosas como en céntricas avenidas.

En no pocas barriadas se escuchaban explosiones de cohetes y disparos al aire, y se encendían y apagaban las luces. La protesta se extendió a Parque Central y sectores vecinos, pero no se informó de enfrentamientos.

Al cierre de esta edición, el gobierno no se había pronunciado sobre el cacerolazo, aunque el ministro del Interior, José Andueza anticipó en la mañana que la protesta no tendría éxito, y la calificó de ``injustificada''.

El cacelorazo fue organizado para protestar contra ``la política económica'' de Caldera, quien en abril impuso un severo programa de ajuste económico que incluyó aumentos promedio de 500 por ciento en los combustibles. Además, los caraqueños ``recordaron al gobierno'' con este cacelorazo, ``que las clases populares están muriendo de hambre''.

Horas antes, estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas, con la cara cubierta, se enfrentaron a la policía cuando protestaban por la falta de presupuesto para la educación superior. No se informó sobre detenidos o heridos, pero un camión de refrescos fue incendiado por los manifestantes, y efectivos policiales acordonaron la Universidad Central en previsión de más disturbios.

En tanto, el gobierno rechazó insistentes rumores sobre la inminente destitución del ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, quien impulsa el drástico programa de ajuste.

Por otra parte, en declaraciones a Ap, el gerente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) José Toro Hardy, desmintió que los ejecutivos de esa estatal tengan salarios millonarios, como aseguraron los principales diarios caraqueños que, citando al ex director de la Junta de Administración Cambiaria, Iván Pulido, atribuyeron al presidente de PDVSA, Luis Giusti, un salario equivalente a 314 mil dólares anuales. Las versiones recogidas por la prensa, que se sumaron a denuncias de corrupción en PDVSA surgidas hace un mes, incrementaron el escándalo, ya que el salario mínimo aquí es de 30 dólares mensuales, y aunque los ingresos aumentan a 110 dólares con bonos de subsidio, la canasta básica tiene un costo de 200 dólares al mes.