Las operaciones fraudulentas realizadas contra la UNAM por el ex director general de Finanzas de esa institución, Miguel Solórzano Albores, al parecer en connivencia con otros tres funcionarios administrativos de la Máxima Casa de Estudios, son un indicio claro de la extensión que han alcanzado en nuestro país los llamados delitos de cuello blanco: ninguna institución, ninguna entidad pública o privada, puede considerarse a salvo de estas prácticas criminales.

Los desvíos, las malversaciones y los robos cometidos por altos funcionarios o ejecutivos constituyen una de las más indignantes expresiones de la corrupción, en la medida en que, en el actual contexto de estrechez económica, de situaciones financieras desesperadas para millones de familias y de palpable pobreza extrema, asistimos a la apropiación y la privatización delictiva de sumas públicas millonarias.

En el caso de la UNAM, las irregularidades descubiertas --realizadas en el ámbito de la casa de bolsa Estrategia Bursátil, involucrada en fraudes contra otras entidades públicas y privadas-- resultan particularmente irritantes, toda vez que el daño patrimonial fue perpetrado en uno de los terrenos más castigados por la crisis y por las políticas económicas en curso: la educación. Cada peso que deja de invertirse en la preparación escolar y académica de los mexicanos, en la investigación científica y tecnológica y en la cultura, significa un estrechamiento de las perspectivas de desarrollo humano y material del país.

En otro sentido, cabe señalar que los manejos indebidos de recursos cometidos por el prófugo Solórzano Albores y sus presuntos cómplices no atañen el ámbito de la Rectoría de la UNAM, en la medida que la Dirección General de Finanzas no está bajo el control de esa instancia sino del Patronato Universitario y no hay motivo alguno, por ello, para interpretar este condenable y deplorable suceso como una mancha en la gestión --que está en su tramo final-- de José Sarukhán.

Sería también improcedente y lamentable que las actividades delictivas del ex director general de Finanzas de la UNAM fueran instrumen- tadas para empañar o enturbiar, en cualquier sentido, el proceso en curso de selección de nuevo rector.

Finalmente, ha de exigirse que todos los responsables --tanto los que actuaron en la UNAM como sus posibles cómplices de la casa de bolsa-- de estos malos manejos de los recursos universitarios sean sometidos a proceso y, de comprobarse su culpabilidad, castigados con todo el rigor que la ley establece.