Plan inmediato para llevar a la Constitución los acuerdos de San Andrés, proponen en el CNI

Matilde Pérez y Rosa Rojas Se propuso ayer transformar el Congreso Nacional Indígena en una organización permanente e impulsar un plan de acción de carácter inmediato para que las reformas al artículo 4o. constitucional recojan los acuerdos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno.

En conferencia de prensa, Margarita Gutiérrez --ñahnú--; María de Jesús Patricio Martínez --náhuatl--; María Jiménez Girón --tzeltal--; Adelfo Regino --mixe--, externaron su beneplácito por la participación en el CNI de la comandante Ramona; significa que se rompe con el cerco político; ella es el símbolo de los pueblos indígenas, del mensaje de paz y de la evidente marginación y desatención en la que viven, dijeron.

Se insistió en que se requiere un nuevo pacto social en México ``porque es el momento de romper con la vieja historia de marginación, explotación y dolor de los pueblos; cambiar esa relación de marginación y olvido por una real federalización que permita formas de organización''.

Este nuevo pacto social debe reconocer el derecho a la autodeterminación y autonomía de los pueblos indios que comprenda, además de lo acordado en San Andrés, una nueva Ley Agraria, con el retorno al espíritu original del artículo 27 Constitucional, y un pluralismo político que incluya el respeto de los partidos políticos y de las sectas religiosas a la identidad e integridad comunitarias.

Se acordó adherirse a la propuesta de la Conai de llamar a un diálogo nacional para discutir los ``focos rojos'' que impiden la pacificación del país, enfrentar la militarización, represión, persecución y hostigamiento contra los pueblos indígenas y exigir la libertad de todos los presos políticos.

Se acordó en la mesa 2, Unidad del movimiento indígena nacional y plan de acción, que el CNI plantee a la Secretaría de Educación Pública su inquietud por la firma del convenio que permite la intervención del Ejército en la alfabetización. Esto es ``una aberración, porque la única que debe cumplir con esa función es la SEP. Ya nos mandaron a los soldados para sembrar arbolitos, para campañas de salud y ahora ¿para educarnos?'', cuestionó un maestro que fue apoyado por varios oradores.

Otro acuerdo es el de exigir la inmediata integración de la Comisión de verificación de los acuerdos de San Andrés.

Se planteó la desaparición del Instituto Nacional Indigenista ``porque ya no tiene razón su existencia''; el rechazo a todas las formas ``paternalistas'' de trabajo de dependencias gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Social y otras.

Se discutió revalorar los cuatro elementos indispensables para lograr una verdadera autonomía: ``trabajo, poder, fiesta y territorio comunales''.

En la mesa dos se sugirió la creación de promotores comunitarios, entre cuyas tareas estaría difundir acuerdos de San Andrés e informar sobre las reuniones regionales indígenas y la constitución de un consejo nacional de mayores y uno agrario indígena; a través de éste se buscarían soluciones reales a los problemas agrarios, se exigiría el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos de San Andrés.

Por segundo día, en la mesa uno, Derechos constitucionales de los pueblos indios, la discusión fue dura. Hubo quienes insistían en que se tomaran en cuenta únicamente los acuerdos de San Andrés; otros proponían que se considerara también la propuesta de la Asamblea Nacional Indígena Plural.

Para ``recoger el espíritu de la discusión'', los delegados aceptaron nombrar una comisión redactora que, junto con otra comisión técnica, hará la propuesta de reformas legales que serán presentadas en la plenaria para, posteriormente, entregarlas al Congreso de la Unión. Esa redacción deberá incluir también las sugerencias que las mujeres indígenas entregaron al CNI.

Por la profunda diferencia entre quienes proponen un nuevo constituyente y una nueva constitución y quienes sugieren modificaciones al artículo 4o. constitucional, los delegados subrayaron que antes de la redacción final de un documento al respecto se someterá a votación esta situación.

En esta mesa, Edith, del Movimiento de cristianos comprometidos con las luchas populares, pidió que se presente en la plenaria la formal petición para que se reconozca la autonomía religiosa de los pueblos, lo que significará restablecer relaciones paritarias de diálogo, acabar con guerras y competencias entre los indígenas.

Preocupación y asombro entre los observadores del DF causaron las 140 denuncias de militarización, hostigamiento, represión, despojos, violación de mujeres por militares, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y autoridades indígenas, así como de habitantes de varias comunidades, presentadas en la mesa cuatro, Diagnóstico y situación actual de los pueblos indios.

Entre los múltiples casos se presentó el estado de sitio en el que viven 35 familias de la comunidad Tambores de Emiliano Zapata, en los límites de Quintana Roo con Guatemala. Desde hace mes y medio 86 elementos de la Procuraduría de Justicia del estado y militares impiden a los indígenas --la mayoría choles desplazados de Chiapas-- salir y que se reúnan con los integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.

Ester Muñoz Cervantes, integrante del citado consejo, informó que hay cuatro órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la organización y está en proceso de revisión, a petición del Ministerio Público, la sentencia dictada de un año o pago de más de 7 mil pesos, en contra de otros tres dirigentes. Por esta evidente represión política, dijo, los miembros del organismo iniciarán este fin de semana una marcha desde Xpujil hasta Campeche, ya que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha atendido su denuncia de represión.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha recogido en los dos días del CNI 25 denuncias que las comunidades han presentado por denegación de justicia, militarización, daños irreversibles al entorno ecológico, fabricación de delitos, ejecuciones arbitrarias, tortura, malos tratos, 15 desaparecidos, abuso de autoridad, amenazas, violación a la libertad de expresión y asociación. Oaxaca y Michoacán son los estados de mayor incidencia. Ante ello, el organismo inició acciones urgentes ante Amnistía Internacional y la CNDH.

Reforzarán la seguridad civil

Ante la falsificación de credenciales, comisionados del CNI determinaron cancelar las acreditaciones. Ayer, Isaac Cortés, presunto estudiante del Colegio de Bachilleres, obtuvo una identificación apócrifa de prensa y fue expulsado de la unidad de Congresos del Centro Médico Nacional.

La situación causó inquietud por la presencia, a partir de hoy, de la comandante Ramona, por lo que los cinturones civiles de paz serán intensificados y en la seguridad, puntualizó Margarito Ruiz, intervendrá también el gobierno federal.