Entre los saldos positivos de la jornada electoral que tuvo lugar el pasado domingo en Guerrero, han de destacarse los fructíferos esfuerzos de distensión realizados por los diversos actores políticos del estado, que desembocaron en unos comicios pacíficos. La decisión del gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero de pedir al Ejército que suspendiera sus patrullajes y movimientos el día de la elección fue sin duda atinada, como lo ha sido la postura del PRD de depositar en su Comité Ejecutivo Nacional las decisiones en torno a acciones de protesta por las denunciadas irregularidades electorales.

Aunque los resultados conocidos hasta ahora pueden variar en forma significativa, en función del curso que se dé a las irregularidades denunciadas por el PRD, puede señalarse desde ahora el retroceso del PRI en la preferencia de la ciudadanía y el avance, en la entidad, de los dos principales partidos de oposición. Este hecho fue puntualmente admitido por el ejecutivo estatal, y ese reconocimiento habla a su favor.

Entre los datos negativos, el más preocupante es el de la elevadísima abstención, un dato que cobra especial relevancia en un contexto de gran polarización política, como lo es Guerrero. El mal clima, señalado por los priístas del estado como el principal responsable de este fenómeno, tuvo sin duda su papel, pero a él deben agregarse otros dos factores tanto o más importantes: la crisis de credibilidad por la que atraviesan los procesos comiciales en el país --Guerrero no es la excepción--, y que se origina en una larga historia de manipulaciones indebidas del voto, desaseos y acciones fraudulentas, y los efectos intimidantes que sobre la población han tenido la aparición del EPR y la excesiva, y a veces extralimitada, presencia militar en muchos puntos del estado.

Los datos disponibles indican que la mayor parte de las irregularidades denunciadas no ocurrieron durante la elección sino antes, y se relacionan con condiciones inequitativas a lo largo de la campaña y con la llamada ``compra de votos''. Pero el hecho de que en esta ocasión las irregularidades hayan sido significativamente menores que en comicios anteriores no justifica su comisión. En todo caso, debe exigirse que se corrijan y resuelvan conforme a derecho y que se depure la elección de los resultados espurios que pudieron producirse por efecto de acciones contrarias a la nueva ley electoral del estado.

De ocurrir así, no habría razón para temer el surgimiento y el desarrollo de conflictos poselectorales, los cuales serían a todas luces indeseables, tanto en el delicado panorama político guerrerense como en el contexto nacional