Ordena el gobierno español encarcelar a El Divino, a petición mexicana

David Aponte, Ciro Pérez Silva y Juan Manuel Venegas La Audiencia Nacional de España concedió la extradición a México del ex director jurídico de Banca Unión, Ricardo Javier Armas Arroyo, uno de los principales socios y brazo derecho del ex banquero prófugo Carlos Cabal Peniche. El extraditable es acusado en nuestro país por un quebranto bancario de aproximadamente 60 millones de dólares.

En otro caso, esa instancia del Poder Judicial español ordenó ayer el encarcelamiento del ex presidente de Banpaís, Angel Isidoro Rodríguez Sáez (El Divino), acusado en México por delitos fiscales y daños al patrimonio de la institución bancaria por 95 millones de pesos.

Ante la posibilidad de que El Divino se fugara, el gobierno de México solicitó su captura con base en dos nuevas órdenes de aprehensión por diversos ilícitos fiscales y bancarios. El empresario mexicano fue detenido con fines de extradición el 29 de julio y se encontraba en arraigo domiciliario.

Sin embargo, el gobierno mexicano solicitó a las autoridades españolas su encarcelamiento. Los españoles atendieron la petición y desde ayer fue remitido a la prisión de Soto del Real.

El vocero de la embajada de México en Madrid, José Antonio Zavalgoitia, dijo que el gobierno mexicano presentó una nueva solicitud de extradición, después de haber detectado un nuevo quebranto patrimonial contra Banpaís por 59 millones 686 mil 771 pesos.

En la primera querella que la Secretaría de Hacienda presentó en contra de Rodríguez Sáez, le acusa de ``autorizar y ratificar créditos quirografarios y refaccionarios'' para las empresas de las que era accionista, a pesar de que no contaba con un esquema financiero solvente y carecía de capacidad económica. Los autopréstamos de que dispuso significaron para Banpaís un quebranto patrimonial por la cantidad de 34 millones 732 mil 597 pesos, según reportaron las autoridades hacendarias.

Respecto al segundo caso que motivó el nuevo juicio de extradición y su encarcelamiento, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que, en diciembre de 1992, los funcionarios de Banpaís Ramiro Solís Suárez y Fernando Vargas González autorizaron un crédito quirografario por más de 14 millones de pesos a la empresa Mexival Rading Trading, sin realizar los estudios de viabilidad económica de la operación, los plazos de recuperación y la capacidad de pago del financiamiento contratado.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, El Divino, Solís Suárez y Vargas González eran accionistas de Mexival y ``conocían de sobra'' la incapacidad económica y operativa de esa empresa.

Rodríguez Sáez fue detenido el pasado 29 de julio cuando paseaba en su yate Moon Dance, cerca la Isla de Ibiza, en España.

Rodríguez Sáez, a quien la PGR vincula con Carlos Cabal Peniche --otro ex banquero que se mantiene prófugo de la justicia-- es heredero principal de la fortuna y negocios de Isidoro Rodríguez Ruiz, conocido como el zar del autotransporte en el estado de México y tradicionalmente encargado de aportar todo el transporte terrestre que utilizan los candidatos del PRI a la Presidencia de la República.

En el negocio del autotransporte mexiquense, los Rodríguez han sido socios de Roberto Alcántara, presidente del Consejo de Administración de Bancrecer, quien proporcionó el transporte durante la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta y financió el grupo de vallas y orden durante la campaña priísta, investigado por la Fiscalía Especial.

Asociado con otros empresarios, entre ellos Enrique Molina Sobrino (el mayor concesionario de Pepsi-Cola fuera de Estados Unidos), Julio Villarreal Guajardo (de Arrendadora Havre), Elías Sacal Zertuche (socio de Cabal Peniche) y Alberto Ríos Zertuche (cuñado de Raúl Salinas de Gortari), Angel Isidoro Rodríguez Sáez encabezó en 1991 al grupo de inversionistas que adquirieron Banpaís.

Primera extradición por el caso Cremi-Unión

Por otra parte, la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España notificó a la SRE y a la PGR la resolución que concede la extradición de Ricardo Javier Armas Arroyo, ex director general jurídico del grupo Cremi-Unión.

Armas Arroyo fue detenido el 9 de septiembre de 1995 en obsequio de una solicitud formulada por el gobierno de México y acompañada por tres órdenes de aprehensión libradas por el juez séptimo de distrito en material penal, en un lujoso departamento de Madrid, cuyas instalaciones anteriormente habían ocupado narcotraficantes del cártel de Cali, Colombia, y Carlos Cabal Peniche.

Durante el año que duró el juicio de extradición, los abogados del connacional presentaron diversos recursos para evitar su traslado a México. No obstante, la Audiencia Nacional española dictó sentencia el pasado primero de octubre; en ella concedió la extradición del reclamado y la entrega de los bienes y documentos asegurados durante su captura.

En su departamento, Armas Arroyo guardaba joyas y diversos documentos sobre transferencias bancarias en México y en el extranjero. Asimismo la policía de España le aseguró varios automóviles de lujo, que presuntamente utilizaba Carlos Cabal Peniche