SEPTIMO DIA DE HUELGA MAGISTERIAL EN CHILE

Dpa y Reuter, Santiago, 7 de octubre Miles de maestros cortaron hoy el tránsito vehicular frente al palacio de La Moneda, al cumplirse el séptimo día de una huelga nacional en demanda de un salario mínimo equivalente a 740 dólares. Varios miles de maestros iniciaron además una marcha nacional desde la norteña Arica y desde Puerto Montt al sur del país, y se espera que el próximo jueves lleguen a esta capital. El paro, que ha dejado sin clases a tres millones de estudiantes cuando faltan diez semanas para que termine el curso lectivo, ha sido apoyado por todos los partidos políticos, con excepción de la Democracia Cristiana, del presidente Eduardo Frei.

Dpa, Afp, Efe, Ap y Reuter, La Paz, 7 de octubre Por lo menos diez heridos fue el saldo de los enfrentamientos registrado en varias regiones de Bolivia entre los campesinos que protestan por la eventual aprobación del proyecto de la nueva ley agraria y la policía que, junto con las fuerzas armadas, desplegó este lunes un estricto control en las carreteras del país para evitar el cumplimiento del bloqueo anunciado por las organizaciones sindicales.

Pese al vasto dispositivo militar, los campesinos iniciaron el bloqueo de algunas vías para presionar al gobierno a modificar dicha ley. No obstante, el poder Ejecutivo se manifestó decidido a promulgar en las próximas horas la polémica legislación.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores de Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Román Loayza, explicó que el corte de caminos tiene como objetivo demostrar el rechazo del sector a la ley agraria, que, dijo, sienta las bases para enajenar las propiedades, y afirmó que los campesinos defenderán sus tierras a cualquier costo e impedirán la vigencia de una ley que crea impuestos y, peor aún, mercantiliza las propiedades agrarias.

El bloqueo de carreteras se cumplió parcialmente ante el impedimento del control militar, y sólo hubo esporádicos cortes en el departamento de Cochabamba. La CSTCB dijo que también se registraron bloqueos en algunas carreteras del altiplano de La Paz, y señaló que se ha suspendido el envío de productos agrícolas a los mercados urbanos.

El dirigente cocalero, Evo Morales, confirmó por su parte interrupciones en la región de El Sillar y en las poblaciones de El Chapare, la mayor región productora de hoja de coca, pero el comandante de la lucha antidrogas de la región, Luis Caballero, negó a una agencia local que se hayan registrado cortes, luego de que las carreteras amanecieron bajo control militar y policial.

En el departamento de Santa Cruz, que abarca casi un tercio del territorio nacional, y donde se registra una huelga de hambre de dirigentes sindicales y empresarios, hubo bloqueos de caminos por parte de los sindicalistas, apoyados por los empresarios agrícolas, quienes rechazan las altas tasas impositivas y condiciones rígidas de revisión al estado de tierras previsto por la ley agraria. Los disturbios y las medidas de presión que se registraron en diversas regiones del país aumentaron principalmente en La Paz y Santa Cruz, las dos ciudades más importantes del país.

En los enfrentamientos, en los que también participaron comerciantes y maestros, los campesinos lanzaron piedras y palos, así como pequeños cartuchos de dinamita contra la policía, lo que ocasionó un saldo de cinco efectivos y cinco civiles heridos, según informó el coronel de la policía, José García. Los choques en esta capital dejaron dos lesionados y varios detenidos.

El ministro del Interior, Carlos Sánchez Berzaín, advirtió que en aplicación de la ley, y en resguardo de los derechos ciudadanos, el gobierno evitará el bloqueo de carreteras, y el control militar se mantendrá hasta que cese la tensión social.

Sin embargo, rechazó que el gobierno piense dictar un estado de sitio para frenar el creciente descontento de campesinos, cocaleros, empresarios y sindicatos obreros contra el proyecto de ley agraria.

En respaldo a la lucha campesinos, los trabajadores petroleros realizarán un paro nacional de 24 horas este martes, mientras el gobierno analiza la posibilidad de ordenar la ocupación de los campos petroleros para evitar sabotajes.

Ap, Efe, Reuter, Dpa, y Afp, Santafé de Bogotá, 7 de octubre Las fuerzas armadas de Colombia informaron hoy sobre la aparición, en el norte del país, de un nuevo grupo guerrillero, disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) e integrado por unos 350 hombres, mientras que las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusaron al ejército de impedir, mediante sus operativos, la liberación de los 67 militares que mantienen secuestrados.

El coronel Eduardo Murillo Salazar, comandante del Batallón Nariño, declaró que la nueva organización, denominada Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), tendría por centro de operaciones los departamentos de Bolívar y Sucre, y que su fundador sería Rafael Simanca, Gilberto, hermano de Nixon Simanca, comandante de un frente del ELN que opera en Córdoba y Bolívar.

Murillo Salazar señaló que el ERP surgió por diferencias económicas entre ambos hermanos, y afirmó que se tuvo conocimiento de la existencia de este grupo desde hace un mes, pero hasta este fin de semana se pudo confirmar el dato, tras el secuestro y posterior liberación de una mujer, con la mediación de la Cruz Roja Internacional.

Señaló que en al menos una decena de poblaciones circularon panfletos en los que el ERP anunciaba que no participaría en un proceso de paz auspiciado por el gobierno. Para el militar, esta es una forma de convertirse en millonario en poco tiempo, ya que el ERP se ha dedicado al secuestro, a la extorsión y al robo de ganado en la región del Alto Magdalena.

Con la aparición del ERP, son ya cuatro la organizaciones guerrilleras, después de las FARC, el ENL y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en Colombia.

Las FARC, por su parte, dieron un ultimátum para que en un plazo de diez días, el ejército abandone una amplia zona del departamento de Caquetá, al sur del país, en donde proyectan entregar a los 67 soldados secuestrados en agosto pasado. En caso contrario, dijeron, llamarán a una comisión de la Cruz Roja para que se encargue de verificar que los militares se encuentran en buen estado de salud y reiteró que el ejército entorpece con sus operativos la ``devolución inmediata'' de los militares.

El ministro del Interior, Horacio Serpa, dijo que el ultimátum de la guerrilla no tiene sentido porque, alegó, el gobierno es el principal interesado en que se cumpla la liberación lo antes posible, y ha ofrecido la cooperación necesaria. Indicó que para atender otra exigencia de la guerrilla, el gobierno informó a la Cruz Roja que nombrará a un testigo de la institución para que integre la comisión encargada de recibir a los rehenes.

El ejército negó la acusación de la guerrilla, y afirmó que la organización rebelde sólo busca publicidad a nivel internacional, desacreditando a las fuerzas militares. En tanto, el ejército dio hoy muerte a 13 presuntos insurgentes durante enfrentamientos sostenidos en diversas regiones del país.

En un comunicado, el ministerio de Defensa precisó que los enfrentamientos se registraron en los departamentos de Caquetá, Guajira, Antioquia, Cundinamarca, Arauca y Norte de Santander, donde se registró el mayor número de bajas, principalmente del ELN.

Añadió que también dos policías perdieron la vida al frustrar un ataque de integrantes de las FARC contra uno de los pozos de un yacimiento petrolero ubicado a unos 200 kilómetros de Bogotá.

Mientras tanto, el fiscal general Alfonso Valdivieso se opuso al proyecto de ley en el Congreso que busca graduar las penas de los delitos relacionados con el narcotráfico, por considerar que estas resultan benignas.

Valdivieso, quien debe participar el miércoles en el debate legislativo sobre el proyecto, consideró que según la propuesta, narcotraficantes menores y quienes se hayan enriquecido ilícitamente con esta práctica podrían quedar en libertad. El fiscal general también informó que pedirá a la Cámara de Representantes que investigue las denuncias hechas en su contra por el suspendido procurador general, Orlando Vázquez, en el sentido de que recibió narcodineros para financiar la campaña del presidente Ernesto Samper.