Once años han pasado y la historia de los desastres continúa en México. Dentro de la diversidad de problemáticas observadas en este tiempo, destacan las siguientes tendencias:

Los ciudadanos. La participación social sigue siendo residual en las estrategias institucionalizadas, prevalecen dos niveles: en el formal, la convocatoria a participar en ejercicios de evacuación (criticada en el Programa Nacional de Protección Civil 1995-2000) y la modalidad de consulta popular; en el real, la acción asistencial --civil o militar-- una vez ocurrido el desastre, con poco desarrollo de políticas preventivas; ante eso la población tiene dos opciones: movilizarse y demandar atención o aceptar pasivamente las decisiones gubernamentales.

Los efectos. Los diferentes tipos de amenazas (volcánica, sísmica, química, etcétera) involucran situaciones sociales, naturales y tecnológicas, por eso las explicaciones basadas exclusivamente en aspectos de ingeniería y sismología, por ejemplo, son insuficientes para entender la vulnerabilidad diferencial entre clases y grupos sociales.

Las causas. El debate científico acerca del origen y evolución de los desastres enfrentan en no pocos casos los conflictos sociales y políticos; el naturalismo como eje de interpretación fue criticaddo en el propio decreto de creación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc); sin embargo, poco se ha avanzado al respecto. Un factor que incide para que se pueda enriquecer la discusión ha sido la movilización social. Varios casos dan cuenta de ello: las explosiones de San Juan Ixhuatepec (1984) y las de Guadalajara (1992), la contaminación en Tabasco (1992) y el huracán Ismael (1995), entre otros. Sin olvidar las experiencias de los sismos de 1985 en Tlaltelolco, colonia Roma, hospitales Juárez y General, etcétera.

La protección Civil. En octubre de 1985 fue instalada la Comisión Nacional de Reconstrucción. A dicha Comisión se adscribió el Comité de Prevención de Seguridad Civil, mismo que formuló las bases del Sinaproc, fue relevante la propuesta de una nueva concepción de la protección civil, en la cual se reconocía la importancia de democratizar las instituciones relacionadas con los desastres, también proponía integrar la protección civil a estrategias de bienestar, no solamente al auxilio y rescate. A la fecha no han quedado resueltos dos problemas: el ámbito de competencia de las diferentes secretarías de Estado --hecho evidente a raíz de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diversos desastres (en Córdoba, Tabasco y Sinaloa)--, y la inexistencia de una política de reconstrucción (situación patente en Guadalajara después del 22 de abril de 1992, en varios estados ante de que ocurrieran huracanes).

La seguridad nacional. Cabe señalar que ante los desastres el Estado mexicano define su intervención en términos de seguridad nacional, desde la tradición defensiva concretada en la Constitución de 1917 ante agresiones externas y guerras civiles. En los planes nacionales de desarrollo se reitera esta postura, con énfasis en la intervención de las fuerzas armadas para auxiliar a la población civil en caso de desastre. Aún está pendiente de definirse el quehacer de la protección civil en casos de conflicto armado interno, ya que en el caso de Chiapas el Sistema Nacional de Protección Civil participó en actividades de asistencia a población desplazada (ver el informe 1994 del ex secretario de Gobernación).

¿Qué sigue? La vulnerabilidad de la nación se ha incrementado por la estrategia neoliberal. Los desastres, sean de origen natural o antropogénico, aumentan su potencial destructivo, como sucede a escala planetaria en los países dependientes. Además de las necesarias tareas asistenciales, hace falta articular políticas de desarrollo y de seguridad, objetivo difícil de alcanzar cuando falta alimento y democracia en el país. La mejor prevención de desastres pasa por un replanteamiento de la actual estrategia político-económica.