El petróleo debe ser utilizado para encauzar y hacer prosperar la economía del país con sus propios esfuerzos, custodiando para beneficio de los mexicanos una de las industrias fundamentales, destinada a coadyuvar al logro de la plena independencia de México.

Lázaro Cárdenas, 1950

La discusión en torno a la desincorporación de los 61 complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos se ha tornado progresivamente más ríspida al interior del gobierno federal, donde un sector importante de funcionarios de alto nivel han recomendado al primer mandatario su ``venta inmediata'', mientras que otro segmento de no menor relevancia ha presentado argumentos ``muy sólidos'' que legal y jurídicamente impiden que ese segmento de la industria petrolera nacionalizada se ponga en venta.

En Los Pinos, funcionarios muy cercanos al presidente Zedillo se han encargado de estudiar a fondo las disposiciones constitucionales que impiden que la denominada petroquímica secundaria sea desincorporada --y por lo mismo casi están convencidos de que la única forma de hacerlo sería modificando la Constitución--y otros más, con asesoramiento del Fondo Monetario Internacional, se han encargado también de revisar estos preceptos legales, pero con el propósito de encontrar los ``resquicios'' para violentar la ley respectiva.

Hasta el momento, y afortunadamente, la balanza se ha inclinado en favor de los que están en contra de la privatización, por lo que el presidente Zedillo ha declarado públicamente que el proceso de venta se encuentra temporalmente suspendido, aunque --justo es señalarlo--, las presiones del FMI no han cejado un sólo momento y podrían eventualmente derivar en una decisión poco meditada tendiente a aprobar la venta, pero de graves consecuencias para el gobierno.

Lo que sucede es que los clientes potenciales de la petroquímica secundaria han solicitado tanto a Petróleos Mexicanos como a la Secretaría de Energía garantías ``muy claras'' para participar en las licitaciones que, según una fuente oficial, se reanudaría hasta el próximo año. Es así que los grupos gubernamentales interesados en la desincorporación de los complejos petroquímicos no las tienen todas con ellos, y los principales obstáculos siguen siendo la ley vigente, así como la incertidumbre que prevalece en los eventuales compradores de esa industria, quienes no creen en las autoridades mexicanas.

Así las cosas, las divergencias que se presentaron en el seno del Partido Revolucionario Institucional respecto a la venta de las plantas petroquímicas reguladas por Petróleos Mexicanos, no son más que una mínima expresión de las diferencias que han aflorado en el centro mismo del poder gubernamental, donde --según dicen algunos especialistas-- tarde o temprano, con o sin la opinión de la sociedad civil, y con el aval de FMI, se procederá a rematar los complejos petroquímicos.

De aquí, de allá y de todas partes

Dado el diseño de la infraestructura existente, habría graves riesgos en materia de seguridad nacional en caso de que los complejos petroquímicos quedasen en manos de empresas extranjeras, principalmente estadunidenses, sostiene José Luis Manzo Yépez en su libro ¿Qué hacer con Pemex?, recientemente editado.

Explica que como estas instalaciones industriales están conectadas directamente a los pozos a través de ductos, el gobierno estadunidense podría considerar como un asunto de ``seguridad nacional'' garantizar el abasto ininterrumpido de materia prima a sus empresas, dando pie a que buscase controlar directamente la explotación de los yacimientos, como ya lo ha hecho en otros países.

En este sentido recuerda que en los años previos y posteriores a la expropiación petrolera de 1938, las compañías extranjeras no sólo se rebelaron contra las disposiciones de la justicia mexicana, sino que acudieron a sus gobiernos para pedir apoyo en contra del gobierno mexicano; apoyo que fue otorgado, dando lugar a una serie de agresiones internas y externas que buscaban anular nuestras decisiones soberanas, comprometiendo la vigencia de las leyes nacionales e internacionales.

En su trabajo, José Luis Manzo Yépez sostiene que las cosas no tendrían por qué ser diferentes hoy en día, sobre todo a la luz de la actitud prepotente del gobierno estadunidense en un sinnúmero de asuntos que se observan en el ámbito mundial, amén de las agresiones que ``sufrimos cotidianamente en nuestra relación con ese país''.

Pero el autor va más lejos y señala que nuestra riqueza petrolera ha sido pésimamente administrada en los últimos tres sexenios --lo documenta en su trabajo--, y sostiene que es perfectamente posible reorientar su operación y manejo para que su explotación se realice apegada a verdaderos criterios de eficiencia y rentabilidad.

``Se puede establecer con otras naciones relaciones comerciales mutuamente ventajosas, sin comprometer nuestra capacidad para manejar con independencia y de acuerdo con nuestros intereses esta riqueza natural y escasa, cuya importancia estratégica como generadora de combustibles continuará siendo válida hasta ya entrado el siglo XXI, y crecerá aún más como fuente de nuevos productos y materias primas industriales''.

Y destaca: ``No es exagerado afirmar que si el siglo XX puede ser llamado el siglo de la gasolina, sin duda el próximo será el siglo de la petroquímica''.