La Jornada 7 de octubre de 1996

Estatus migratorio temporal a 100 mil campesinos guatemaltecos

David Aponte El gobierno de México otorgará estatus migratorio temporal a cerca de 100 mil campesinos guatemaltecos para que puedan desarrollar sus actividades en el sur de Chiapas y no sean objeto de ``abusos por parte de patrones o autoridades mexicanas deshonestas'', de acuerdo con informes de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Con el programa, las autoridades del país buscan elaborar un censo pormenorizado con datos sobre la internación, estancia y salida de los trabajadores agrícolas temporales provenientes de Guatemala, señalan.

Las autoridades migratorias mexicanas también concederán ``sin costo alguno'' dos tipos de documentos migratorios a los aproximadamente 19 mil refugiados guatemaltecos, quienes no cuentan con ningún estatus legal que garantice su permanencia en territorio mexicano: el permiso FM3 para los que deseen retornar a su país y el FM2 para los que decidan permanecer en México, indican.

Los textos mencionan que un buen número de ciudadanos guatemaltecos llegó a México sin documentos migratorios como resultado de los problemas internos (enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército de ese país). Los refugiados se ubicaron en campamentos en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche.

``De entonces a la fecha los refugiados han vivido en territorio mexicano sin contar, la mayor parte del tiempo, con un documento migratorio que les garantice su estancia en nuestro país. Esa situación les causa inseguridad jurídica, pues no tienen forma de acreditar ante las distintas autoridades mexicanas que cuentan con permisos para permanecer en México; les impide salir libremente de los campamentos a otras ciudades y trabajar en las actividades que les hacen posible mantener a su familia'', explican.

Ante esa situación de indefinición jurídica, el Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de Fernando Solís Cámara, inició ya el programa para conceder el estatus migratorio. El plan deberá culminar en el mes de mayo de 1997, explican.

Con el permiso migratorio, el FM3 y el FM2, los refugiados estarán en posibilidades de realizar actividades lucrativas o remuneradas con un empleador, por su cuenta o vivir bajo la dependencia económica de un familiar mexicano o extranjero. La decisión para obtener el estatus será de los propios guatemaltecos, de conformidad con las solicitudes que recibirá la Secretaría de Gobernación.

Por ahora, el INM recabó la información básica sobre la ubicación de los refugiados en los campamentos de Campeche y Quintana Roo. En noviembre de 1996 quedarán listos los documentos migratorios correspondientes, que serán entregados en la primera quincena del mes de diciembre.

Los documentos de las dependencias federales mencionan que la estancia legal permitirá a los refugiados su plena integración a la vida económica y social de nuestro país, libertad de tránsito por todo el territorio, garantía de reinternación a México cuando vayan de visita a Guatemala, acceso a la nacionalidad mexicana por la vía de la naturalización, facilidad para registrar a sus hijos nacidos aquí y la posibilidad de la repatriación voluntaria.

Respecto al programa para trabajadores agrícolas temporales, las autoridades de la Cancillería y de Gobernación de México laboran ya con sus contrapartes de Guatemala con el propósito de conceder un documento migratorio. Los funcionarios del vecino país tendrían que expedir una credencial de identidad que permita al INM elaborar y entregar la forma migratoria para visitantes agrícolas, detallan.

Por ahora, las autoridades mexicanas trabajan en la precisión de los criterios, requisitos, procedimientos y condiciones para la internación, estancia y salida de aproximadamente 100 mil campesinos guatemaltecos y sus familias, que viajan de manera temporal a la zona del Soconusco y la sierra de Chiapas para laborar en el cultivo del café, el plátano y la caña de azúcar.

``En suma, se trata de que dichos trabajadores cuenten con el documento migratorio personal que les autorice desarrollar sus actividades y les otorgue seguridad jurídica, evitándose abusos por parte de patrones o autoridades deshonestas'', mencionan.

Actualmente, los gobiernos de México y Guatemala elaboran un diagnóstico y las autoridades guatemaltecas delinean las medidas para el traslado documentado, ordenado y seguro de los campesinos, y emprenderán una campaña de difusión para que los trabajadores agrícolas opten por el ingreso legal a territorio mexicano.