El menú gubernamental de tratos con el EZLN ha tenido hasta ahora dos sopas: la de la legalidad discrecional y la de la legalidad a secas. Se le han servido a la sociedad mexicana cucharones abundantes y grasosos de una y de otra. Es difícil saber cuál cucharón sigue. En 1993, para evitar líos con la negociación del Tratado de Libre Comercio, el Estado incumplió su deber de seguridad interior y no actuó contra la guerrilla que habían detectado en Chiapas. En enero de 1994, ante el clamor nacional contra la violencia, el gobierno suspendió unilateralmente su campaña militar contra el EZLN, y entró en una negociación cuya excepcionalidad se ha mantenido desde entonces.

En febrero de 1995, el gobierno recordó su obligación legal de controlar su territorio, reocupó militarmente la zona zapatista y procedió penalmente contra los miembros del EZLN por los delitos que habían cometido. Ese acto de fuerza sentó a los zapatistas a la mesa de negociaciones que habían eludido desde el asesinato de Colosio, en marzo de 1994. El gobierno reconoció sin embargo la excepcionalidad de la situación mediante la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que suspendió el ejercicio de la acción penal mientras los rebeldes y el gobierno mantuvieran negociaciones. El EZLN ha suspendido unilateralmente esas negociaciones y se dispone a salir de su espacio chiapaneco en busca de foros más amplios, en particular el Congreso Nacional Indígena a celebrarse del 8 al 12 de octubre en la ciudad de México. El gobierno ha prometido detenerlos invocando que su salida de Chiapas viola la Ley para el Diálogo, suspende sus garantías y los vuelve aprehendibles.

En relación al derecho de tránsito del EZLN, la Ley para el Diálogo dice lo siguiente: ``En tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, el Gobierno Federal adoptará las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los dirigentes y los negociadores del EZLN''. (Art. 6o.) Esa misma premisa es la base de la suspensión de las órdenes de aprehensión y de las investigaciones judiciales en contra de los zapatistas: ``Se mantendrán las suspensiones mencionadas siempre que continúen las negociaciones para la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta Ley''. (Art. 4o.)

El alegato de que la Ley para el Diálogo ampara el libre tránsito zapatista es inexacto, pero también lo es la pretensión gubernamental de que el traslado de los zapatistas a la ciudad de México viola la Ley del Diálogo. La Ley es mucho más exigente para ambos. Lo que viola la Ley para el Diálogo y suspende sus efectos es la falta de continuidad de las negociaciones, violación en la que han incurrido ya los zapatistas, al interrumpir las negociaciones, y en la que ha incurrido también el gobierno, al no proceder a la aprehensión de los zapatistas cuando las negociaciones fueron interrumpidas.

No es la violación de la ley sino el temor a una reactivación política del EZLN lo que activa la vocación legal del gobierno. Y es su propia reactivación política, más que el compromiso con la paz, lo que lleva al EZLN a buscar la bocina de la ciudad de México tratando de romper no tanto el cerco militar, como el ``cerco informativo''. El EZLN necesita un nuevo aire que revierta el impasse noticioso y la pérdida de glamour en que vive hace meses. Necesita nuevos megáfonos para su causa. El gobierno no quiere darles el megáfono capitalino.

El menú sigue siendo de dos sopas. O el gobierno vuelve a hacerse de la vista gorda, olvida como hemos olvidado casi todos que hay una declaración de guerra vigente de los zapatistas y los deja cumplir su programa en el DF, como una fuerza política más en ejercicio de su capacidad de convocatoria, o el gobierno cumple la ley y aprehende a los miembros del EZLN, lo cual tendrá un efecto nacional e internacional de reactivación de la causa zapatista, justamente el efecto que se pretende evitar.

``Las guerrillas no negocian. Sólo ganan tiempo'', ha dicho el ex presidente colombiano César Gaviria. Una parte central de la estrategia del EZLN ha sido, en efecto, ganar tiempo. Tiempo para que la historia les dé la razón, o se descomponga el régimen priísta o renuncie Zedillo, o aparezcan nuevas guerrillas, y aparezcan ellos como actores fundantes de la nueva era. El EZLN no negocia ni negociará sino bajo presión, como empezó a negociar luego de la ocupación de Chiapas por el ejército en febrero de 1995. Si se les quiere tener sentados a la mesa de negociaciones, hay que aplicarles la ley, mantenerlos contra la pared, no darles respiro. Pero si se les quiere convertir en una fuerza política, acaso sería más inteligente y expedito hacer como que han dejado de ser un ejército, acabar de ocupar su zona, reconocerles el estatus de organización política y dejarlos que recojan la simpatía de sus partidarios en la franja de la sociedad civil que les toca.