Niega Menem que pretenda imponer jornadas laborales de 12 horas

Ansa, Afp, Dpa y Reuter, Buenos Aires, 6 de octubre El gobierno argentino intensificó hoy su campaña a favor de la llamada flexibilización laboral, con anuncios pagados en los principales diarios locales en los que negó que el polémico proyecto prevea reducir los salarios e imponer jornadas de trabajo de doce horas.

Los anuncios, de página completa, negaron lo que el gobierno del presidente Carlos Menem calificó de serie de ``mitos histéricos'' surgidos en torno al proyecto, componente clave de las medidas para reducir el alto desempleo en Argentina.

``No es cierto que exista la obligación de aumentar la jornada laboral a doce horas y la de trabajar 30 días seguidos. No es cierto que la modernización laboral proponga la rebaja de los salarios'', dijeron los anuncios.

Sin embargo, la agitación prosiguió en las filas del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista), donde algunos sectores se oponen a la reforma laboral, mientras que Menem aún afronta la amenaza de un paro general de 48 horas contra las reformas a las obras mutuales de asistencia médica y social controladas por los sindicatos.

Menem anunció su intención de desmantelar las llamadas obras sociales tras un exitosa huelga de 36 horas efectuada el pasado mes en contra de la flexibilización laboral, que también prevé hacer que una parte del salario de los trabajadores dependa de las condiciones económicas de la empresa, así como eliminar la indemnización por despido, lo que según el gobierno, permitirá combatir la tasa récord de desempleo, del 17.1 por ciento.

El senador justicialista Antonio Cafiero advirtió el sábado que el proyecto no será aprobado en la Cámara Alta de la legislatura, porque ``no se está oyendo a los trabajadores, y eso es algo que va contra la naturaleza del peronismo''.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, el también justicialista Jorge Matzkin, dijo hoy que es necesario aprobar el proyecto porque ``los tiempos han cambiado'' desde que el ex presidente Juan Domingo Perón estableció las reglas que garantizaban los derechos de los trabajadores.

``La realidad es hacer cosas para conseguir puestos de trabajo; antes era proteger el pleno empleo. Entonces, toda la legislación que sirva para conseguir puestos de empleo, adelante'', dijo Matzkin.

Mientras tanto, alrededor de un millón de personas, en su mayoría jóvenes, participaron en la peregrinación anual a la bonaerense basílica de la Virgen de Luján, el centro religioso más importante del país, donde la mayoría rogó por ``trabajo y salud''.

El presidente Menem, por otra parte, anunció hoy la objeción formal a aspectos de la nueva Constitución de la capital argentina, que este año adquirió su autonomía, al oponerse a que ésta tenga jurisdicción sobre el puerto de Buenos Aires y la circundante zona del Río de la Plata. Esto choca contra los intereses del mandatario, que quiere el manejo del puerto con miras a una probable cesión a empresarios privados, mientras que en el río proyecta instalar una ``aeroisla'' .

En otro orden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, estudiará la semana próxima la reapertura de dos causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el último régimen militar (1976-1983), informaron hoy fuentes de entidades humanitarias y diplomáticas.

Las causa son contra la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de detención y tortura en aquella época, y contra el Estado paraguayo, por incumplimiento de la extradición de un militar argentino que huyó del país cuando la justicia le ordenó hacerse análisis de sangre para comprobar si sus dos hijos son en realidad hijos de desaparecidos.

La llamada causa ESMA fue cerrada por la justicia argentina, pero reavivaron el caso las confesiones en 1995 del ex marino Adolfo Scilingo, quien reveló que desde ese centro se realizaban los llamados vuelos de la muerte. El organismo de la OEA, que tiene la atribución de aplicar sanciones morales a través del Pacto de San José, es una de las instancias a las que se puede acceder para apelar ante fallos de la justicia de la nación del continente por ataques a los derechos humanos.