A hurtadillas, sin logos, carta de presentación o paternidad reconocida, comenzó a circular por los pasillos parlamentarios un ``Primer borrador de redacción del artículo 4o. constitucional'' que, de acuerdo a fuentes no identificadas, proviene de la Secretaría de Gobernación, misma que no ha declarado públicamente al respecto.

El documento de marras irrumpe en un enrarecido panorama político como una agresión más por parte del gobierno en contra de la continuación del diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal, y como una prueba más de la falta de voluntad política por parte del régimen para transitar pacíficamente a la democracia.

En efecto, el ``anteproyecto'' se presenta como la antítesis de los Acuerdos de San Andrés de la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, ya que no reconoce el principal logro de esos resolutivos: el derecho a la libre determinación de los pueblos indios en un marco constitucional de autonomía. Asimismo, el ``borrador'' no identifica a los pueblos como sujetos de la ley, como establecen los Acuerdos, sino que retrocediendo a las primeras fases del diálogo, limita el ejercicio de derechos a las ``comunidades'' o a los ``integrantes'' de esos pueblos. Nuevamente, Gobernación niega los derechos políticos de los pueblos indígenas incurriendo en el viejo reduccionismo culturalista que privó en la primera reforma del 4o constitucional, al intentar limitarlos como entidades de ``cultura, tradiciones y costumbres'' y no como entes políticos que reclaman una nueva relación con el Estado y la sociedad.

El documento rompe con el principio de la integralidad, asentado en los Acuerdos, no sólo al no reconocer derechos políticos sino al pasar por alto derechos sociales, económicos, y de territorialidad; al ``olvidar'' la vigencia de los sistemas normativos internos, el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho de varios municipios a asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas, el derecho a la educación intercultural y el plurilingüismo, etcétera.

¿Cómo espera Gobernación que reaccionen los participantes del Congreso Nacional Indígena y la dirigencia del EZLN ante tamaño despropósito? ¿No es acaso este documento un acto de provocación deliberada? ¿Qué confianza podrá tener la sociedad mexicana si ésta es la manera como el gobierno honra sus compromisos? ¿Es éste una acción de paz? ¿Necesitará la Cocopa un aviso por escrito para declarar este documento como violatorio de los Acuerdos y de la Ley del Diálogo? ¿En dónde quedó el compromiso presidencial de elaborar este proyecto de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo?.