Transformación en Panamá: dar al capital externo lo que dejará EU

Patricia Muñoz Ríos, enviada /I, Panamá Después de más de ocho décadas de predominio militar estadunidense, Panamá abre las compuertas a la inversión extranjera, mediante un megaproyecto económico cuyo objetivo central es privatizar las 7 mil instalaciones y 147 mil hectáreas de la región canalera que han estado bajo la jurisdicción de Estados Unidos desde 1914.

El gobierno de Panamá busca que las bases militares, fuertes, centros de adiestramiento, campos de artillería, bases navales y aéreas, viviendas y demás bienes y tierras que administra Estados Unidos en Panamá --que tendrán que devolverse a más tardar el 31 de diciembre de 1999, según el Tratado Torrijos-Carter--, pasen a manos del sector privado para el desarrollo de negocios internacionales.

El organismo encargado de promover la privatización de las zonas canaleras, denominado Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), presidido por el ex presidente Nicolás Ardito Barlleta, pretende obtener 500 millones de dólares e inversión foránea por las compras, concesiones y arrendamiento de infraestructura que logren los empresarios extranjeros en los próximos tres o cuatro años.

En una gira informativa de un grupo de reporteros de diversos medios informativos de América Latina, se visitaron diversas ex zonas militares, donde han empezado a instalarse empresas de capital taiwanés, coreano, europeo y, por supuesto, estadunidense. Es decir, empezó el posicionamiento de empresas internacionales en lo que fueron instalaciones y zonas militares.

Nicolás Ardito Barletta, en una reunión con la prensa, apuntó que el plan de la ARI es lograr, en un trienio, privatizar los puertos de Balboa y Cristóbal, impulsar la construcción, con capital privado, de puertos de transbordo de contenedores --uno de estos proyectos lo llevará a cabo la firma taiwanesa Evergreen--, así como promover el desarrollo de una zona procesadora para la exportación en las instalaciones del Fuerte Davis.

También venderá viviendas que fueron de miembros del ejército en el fuerte Espinar e impulsará la instalación de hoteles, centros comerciales, recreativos y de ecoturismo en lo que fueron los fuertes de Amador, Espinar y Gamboa, pues se pretende, entre otros proyectos, convertir a Panamá en el ``centro turístico de las Américas''.

El gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares considera a este proyecto la ``transformación económica de Panamá'' y asegura que una nueva era ha comenzado para ese país. En tanto, sus asesores confiaron a los reporteros que se pretende llevar a cabo un plan similar al que siguió Hong Kong cuando salieron las bases inglesas de su territorio, es decir, abrirse totalmente al comercio y a la inversión internacional.

Para ello, el actual gobierno modificó la ley de inversiones extranjeras, creó un paquete de estímulo empresarial y tiene un atractivo plan fiscal que incluye, por ejemplo, exenciones de impuestos hasta por 20 años a quienes establezcan empresas en la región interoceánica del canal.

¿Con qué se quedan los panameños?

El proyecto general de desarrollo de la región canalera elaborado por la ARI considera tres áreas fundamentales: la marítima, que incluye la privatización de los puertos y desarrollo de empresas de mantenimiento y reparación de barcos, puertos, contenedores, zonas libres de comercio y centros de redistribución de carga; segunda, la conformación de parques industriales con capital privado, y tercero, el turismo y el ecoturismo, también operados por capitales privados, principalmente extranjeros.

En manos del gobierno quedará básicamente la administración de todas las concesiones y la dirección del Canal de Panamá.

Actualmente la Comisión del Canal de Panamá está presidida por Estados Unidos, pero el administrador es el panameño Alberto Alemán Zubieta, quien prometió una ``transición imperceptible del canal'' y dijo que en los próximos años se tendrá que modernizar esta vía para darle mayor capacidad de tránsito, debido a que su demanda se ha incrementado a niveles sin precedente.

Los altos costos del mantenimiento se cubrirán a través del aumento inmediato de los peajes, indicó Zubieta y precisó que la junta directiva de esta comisión aprobó aumentar 8.2 por ciento las tarifas generales y se estudia otro aumento de 7.5 por ciento para 1998.

Los ingresos por peajes y los procedentes de otras fuentes se depositan actualmente en la Tesorería de Estados Unidos, en una cuenta conocida como Fondo de la Comisión, de donde se toman los recursos disponibles para uso continuo y sirven para financiar programas de operación y mejoras al canal, que revisa anualmente el Congreso. A partir de primer día del año 2000, estos recursos irán íntegramente a las arcas del gobierno panameño.

Sobre los proyectos de modernización del canal hablaron el subdirector de Marina la citada comisión, Carlos Alvarado, y la jefa de la División de Mercadeo e Investigación Económica, Ibeth Jaén, quienes sostuvieron que se tienen planes como el ensanchamiento del Corte Culebra, el cual se espera terminar en el año 2014; innovar el equipo tecnológico, así como los controles de maquinaria y la instalación de un tercer juego de exclusas en el canal; es decir, construir otra salida a esta vía.

Sobre este último punto, expusieron que un grupo japonés se interesa en realizar esta millonaria inversión, aunque no ha formalizado su propuesta.

En cuanto al Corte Culebra, también llamado Gaillard, precisaron que es una franja estrecha del Canal que mide ocho millas de largo (casi 13 kilómetros), lo que dificulta el tránsito marítimo de doble vía --es decir, para que dos barcos grandes circulen en sentido contrario al mismo tiempo--, por ello que es necesario ensancharla.

Por el canal transitan de 13 mil a 14 mil barcos anualmente, pero este número se ha incrementado considerablemente en los últimos años, de tal forma que en 1995 hubo meses en que la demanda de tránsito de rebasó la capacidad instalada y había tantos barcos en la zona canalera que ``parecía una ciudad flotante'', recordaron los expertos.

Más privatizaciones

En la zona marítima, el gobierno planea establecer un ``centro de servicios para pasajeros en tránsito por el Canal de Panamá'', para ofrecer todo tipo de servicios a los cientos de miles de pasajeros que utilicen esta vía, desde tiendas de objetos personales hasta proveedoras de partes de naves y comida para cruceros. No se especificó si este proyecto se hará con recursos públicos o privados.

Lo que sí podría privatizarse es la terminal petrolera de Rodman-Arraiján, que se devolverá a Panamá en 1997. En estas instalaciones hay 31 tanques de almacenaje de hidrocarburos, con acceso a la entrada del canal en el Pacífico, por lo que varias compañías han mostrado interés en administrarlo para abastecer a los barcos en tránsito, informó Liborio García, abogado corporativo del ARI, en una entrevista.

Sostuvo que además se prevé establecer dos ``centros de entrenamiento para marinos'' uno en cada entrada del canal, lo que permitirá crear una bolsa de trabajo de profesionales, es decir, una zona de ``enganche y desenganche de marinos''.

Según expuso Liborio García, también se creará un centro de almacenaje y reparación de contenedores y otro de mantenimiento y reparación de naves, servicios indispensables para los barcos que esperan entre ocho y 14 horas para transitar por la vía y representan para Panamá un mercado cautivo con grandes oportunidades de desarrollo.