Los criterios contradictorios que sostienen, por un lado, el gobierno y, por el otro, el EZLN y la Conai, respecto de la eventual asistencia de algunos representantes del movimiento zapatista al Congreso Nacional Indígena que habrá de celebrarse en el Distrito Federal, parecen irreductibles y por lo mismo inconciliables.
No es un problema de carácter legal sino político. Las argumentaciones juridicistas de uno y otro lados son, por igual, susceptibles de impugnación o respaldo, según la perspectiva en que nos situemos. Como problema político, es necesario abordarlo en sus términos reales y examinar los propósitos subyacentes, así como los riesgos y consecuencias previsibles.
Para el EZLN es vital romper el aislamiento en que se encuentra por ahora, geográfica y políticamente. Atrapado en un estrecho reducto territorial y en un proceso de pérdida gradual de sus vínculos de comunicación interactiva con otras fuerzas sociales y corrientes de opinión, la prolongación de las pláticas de San Andrés ha operado como un factor de congelamiento y aun de reversión de la dinámica de expansión de su influencia sobre el acontecer nacional, que se produjo en el primero y, menos acentuadamente, en el segundo año de su irrupción en el contexto político del país. La extinción física del movimiento zapatista puede estar lejana o no ocurrir nunca; pero su desaparición como agente político de cambios sociales de gran magnitud sería una secuela de corto plazo, si no se sitúa como protagonista principal en otros espacios de mayor y renovada resonancia.
Pero no debemos confundirnos. El EZLN no ha dejado de ser un interlocutor político privilegiado frente al gobierno. Ningún otro movimiento es simultáneamente un núcleo de insurgencia armada y contraparte protegida por una ley que garantiza su inmunidad, dentro de un proceso de concertación bilateral. No obstante las ventajas de esa dualidad, sus dirigentes y algunos simpatizantes recelan de las intenciones gubernamentales.
La hipótesis del achicamiento premeditado y el descabezamiento fulminante tan-pronto-como-sea-posible, ha desmantelado los puentes de entendimiento trabajosamente construidos. La de San Andrés ya no es una mesa de negociaciones, sino de suspicacias y reproches recíprocos. No obstante, hacer viajar a los dirigentes zapatistas al Distrito Federal no parece una vía de escape para eludir el golpe mortífero que supuestamente se prepara, sino prolegómeno de una estrategia encaminada a contrarrestar la mengua del impacto real del EZLN, fenómeno que, fuese deliberado o no, es claramente perceptible. ¿Pero es un paso adecuado en el momento propicio?
El gobierno se opone porque, dígase lo que se diga, la presencia del zapatismo en la capital de la República sentaría un precedente que, en adelante, le permitiría actuar irrestrictamente en todo el territorio nacional, con la misma libertad que cualquier otro grupo de activistas políticos, como si en la Selva Lacandona no permaneciera un foco de rebelión armada.
Legitimar esa nueva e imposible dualidad (la primera ya quedó explicada tres párrafos arriba) implicaría la reactivación y diseminación de gérmenes destructivos del orden constitucional, de muy alta virulencia. Cualquier otro grupo, aunque se mantuviera levantado en armas, podría reclamar para sí la misma prerrogativa de extender sobre la población y con el consentimiento del gobierno, tantos brazos políticos como su capacidad organizativa le permitiera.
¿Tendrían sentido las normas que imponen a los partidos políticos la obligación de ``conducir sus actividades dentro de los cauces legales'' y el deber inexcusable de ``abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno''?
¿Habría servido de algo la paciente y laboriosa tarea de los últimos 18 meses, encaminada a construir consensos interpartidistas y reflejarlos en una reforma electoral que fortalece los procedimientos legales y los instrumentos institucionales de la lucha por el poder, para asegurar la paz interior de la República?
Finalmente una reflexión. Encuentro en el lenguaje sencillo y a la vez edificante de los indígenas chiapanecos enrolados en el movimiento zapatista, y en algunas de las frases sentenciosas del subcomandante Marcos, similitudes de fondo con el pensamiento filosófico de los estoicos. Uno de los exponentes de esa escuela escribió convencido: ``Jamás seré un obstáculo para mí mismo''.
Quizás Durito pudiera desentrañar el profundo significado de esta máxima, en las circunstancias actuales.