En los días que corren deberá concluirse la operación reformadora en materia electoral. El punto de partida actual, una reforma constitucional aprobada por consenso, requiere de otros eslabones que no solamente se desprenden de las nuevas disposiciones de la Constitución, sino que de ellos depende que lo que se inició bien culmine de la misma manera.

Por lo menos vale poner atención en cuatro eslabones: a) las reformas legales, b) el nombramiento de los consejeros del nuevo Consejo General del IFE, c) la rama ejecutiva del Instituto, y d) los consejeros electorales de los consejos locales y distritales.

a) La reforma constitucional tuvo un alcance tal que ahora es necesario poner en consonancia el Cofipe, la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, el Estatuto de Gobierno del DF, y elaborar una nueva ley, por lo pronto llamada ``del sistema de medios de impugnación en materia electoral''.

Al parecer, las negociaciones están en curso, e imagino que hay asuntos que sólo requieren una traducción más o menos sencilla de las normas constitucionales (por ejemplo, las fórmulas de integración del Congreso, la elección del jefe de gobierno del DF), ya que lo asentado es lo suficientemente claro y contundente como para no reeditar litigios del pasado. No obstante, otros temas (por ejemplo, financiamiento, acceso a los medios, contencioso electoral), tienen que desarrollar lo que en la Constitución son disposiciones de carácter general.

Lo cierto, sin embargo, es que el nuevo reto es el de reeditar el consenso que posibilitó la reforma constitucional, y ello (creo) es posible gracias a la propia reforma constitucional y porque un largo listado de temas había sido acordado en principio por el PRI, el PRD y el PT, y no parece imposible que dichos acuerdos, con un poco de flexibilidad, puedan ser conjugados y potenciados con algunos de los reclamos del PAN.

b) El nombramiento del presidente y los consejeros electorales del Consejo General del IFE por parte de la Cámara de Diputados será el eslabón siguiente luego de las reformas legales. Y así como es importante tener reglas aprobadas por todos, de la misma manera resulta necesario que los árbitros cuenten, en principio, con la confianza de los competidores. Por fortuna, la ley establece con claridad que se requiere de una mayoría calificada de votos en la Cámara (66 por ciento) para aprobarlos, y ya que ningún partido en singular tiene esa cantidad de votos se hacen necesarias operaciones conjuntas para sacarlos adelante.

Lo óptimo sería que todos los partidos estuviesen de acuerdo con todos los consejeros y el presidente, o por lo menos que todos estuviesen de acuerdo con el conjunto de nombramientos, es decir, con sus equilibrios internos, porque de hecho se trata de un ``paquete''. Lo peor sería un sistema de cuotas que acabara identificando a los consejeros y al presidente con X o Y partidos, es decir, que los convirtiera en una especie de extensión de las posiciones partidistas. Por el contrario, la fuerza y legitimidad de los mismos en principio será el resultado de que todos aparezcan con el respaldo del conjunto de los partidos, y por ello mismo con capacidad para actuar en conciencia y más allá de las apuestas partidistas.

c) El IFE es una institución que ha logrado formar un cuerpo ejecutivo, por lo menos en sus niveles superiores, con destrezas profesionales probadas y que además se ha comportado con eficiencia e imparcialidad. Se trata de un capital que no debe ser dilapidado. No sólo porque las elecciones del 97 están ya prácticamente encima sino por el conocimiento acumulado, no debería pensarse en operaciones fundadoras. Seguramente serán necesarios ajustes, nuevos nombramientos, y es imprescindible que en cualquier momento exista la posibilidad de remover a cualquier funcionario que actúe de manera ilegal, facciosa, parcialmente, pero no debería desperdiciarse el proceso de maduración que se ha vivido en el Instituto.

d) Luego, el Consejo General deberá nombrar a los consejeros electorales de los 32 consejos locales y estos últimos a su vez deberán nombrar a varios cientos de consejeros distritales. Dicha operación es central para acabar de fortalecer la confianza en los órganos electorales y debe buscarse el máximo de acuerdo no sólo entre los consejeros que tendrán voto, sino también incorporando a los representantes de los partidos políticos, de tal suerte que entre todos acaben integrando consejos locales y distritales que les ofrezcan seguridad y certeza.

Bueno, se trata de especulaciones. Pero poco vivirá el que no se entere del desenlace.