La semana que concluye ha mostrado que la rigidez y la precipitación son pésimos consejeros para la conducción de los asuntos nacionales, de por sí complejos y riesgosos. Primero la Secretaría de Gobernación y después el presidente Zedillo calificaron como una provocación la posible participación del EZLN en el Congreso Nacional Indígena, cuyos trabajos se realizarán del 8 al 12 de este mes en la capital del país. Se trata de un enfoque equivocado que puede precipitar al gobierno, en los próximos días, a la comisión de un grave error político de peligrosas consecuencias para la paz y la convivencia nacional.

Como en los peores momentos de enero de 1994, cuando al frente de Gobernación estaba Patrocinio González Garrido o en febrero del 95, a una iniciativa política cuyas intenciones no van más allá de abrirle caminos de paz al EZLN, el gobierno responde con ira y amenazas graves. Mediante una interpretación retorcida y malintencionada de la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, y haciendo caso omiso de disposiciones constitucionales, como el derecho de todos los mexicanos a transitar libremente por el país, el gobierno califica como acto violatorio de la mencionada Ley la salida de los dirigentes zapatistas a otros estados del país. Detrás de esa interpretación inadmisible se intimida a la sociedad con el descongelamiento de las órdenes de aprehensión y la posibilidad de un asalto militar a las posiciones zapatistas en la selva.

Legalmente el gobierno no tiene bases para prohibir a los zapatistas la salida de la llamada zona del conflicto o de Chiapas. El diálogo no está roto --si lo estuviera se habrían reanudado las confrontaciones militares-- y están suspendidas las órdenes de aprehensión. La mencionada Ley, además, no puede estar por encima de la Constitución de la República. Cualquier intento de mantener arrinconados a los zapatistas en la selva es arbitrario, y pone al descubierto que las verdaderas intenciones del gobierno no son llegar a una paz con dignidad con el EZLN, sino aplastar a quienes se alzaron en armas el 1o. de enero de 1994.

Políticamente es una torpeza. Al afirmar que la participación de los comandantes indígenas en el Congreso Indígena sería una provocación, el gobierno se metió en una trampa. No se dejó ningún margen para negociar, pues debe saber que los zapatistas, en las circunstancias actuales, no pueden renunciar a su derecho a viajar a la capital de la República para participar en el mencionado congreso. Además, sólo la ceguera gubernamental, y los enfoques rígidos de los consejeros de política interior, pudieron llevar al Presidente a negar que la invitación a los zapatistas y la decisión de éstos de venir a la ciudad de México son actos estrictamente políticos, son otra forma del diálogo, a los cuales es torpe responder con amenazas de desencadenar nuevamente la violencia, que hoy no quedaría reducida a las cañadas de Chiapas.

Quienes decidieron la conducta gubernamental frente a la posibilidad del viaje de los dirigentes del EZLN a México, irresponsables juegan con fuego. El país, ya se ha dicho antes, está lleno de material social explosivo que una chispa --como diría Mao-- puede encenderlo. Si en los tiempos recientes no ha ocurrido un incendio debe agradecérsele a la sensatez de la sociedad, no a la prudencia del gobierno. La mayoría de las fuerzas sociales, señaladamente las democráticas independientes y de izquierda -entre ellas hoy el EZLN y algunos diputados priístas--, se inclinan por las soluciones políticas y pacíficas. Rechazan la mano dura que provoca irreflexivas tentaciones en el interior del gobierno y en círculos empresariales.

Junto con la acción de las organizaciones sociales, la intervención de la Cocopa puede ayudar a superar este momento crítico provocado por la rigidez del Ejecutivo ante una decisión política y legal del EZLN, y convertirlo en una oportunidad para destrabar las negociaciones de San Andrés Sacamch'en. Con ello se impulsaría el diálogo nacional por la paz y soluciones políticas de los problemas, diálogo imprescindible para abrir las puertas a una paz duradera y a la democracia.