Uno de los problemas más graves y aparentemente más difíciles que la gran mayoría de los países enfrenta, por lo menos desde hace 20 años, es el del creciente desempleo. Los gobiernos, en su afán por controlarlo y eventualmente reducirlo, han aplicado diversas medidas de política, que van desde la orientación más declarada por las medidas de oferta hasta el regreso a las tradicionales políticas de demanda. La mayoría de las veces, los resultados han sido muy pobres comparados con los esfuerzos de política y más aún con los recursos que se han destinado para lograr tal propósito.

Las consecuencias del alto desempleo son muy amplias, diversas y devastadoras sobre todo el tejido social. Por ejemplo, no podemos desconocer los altos efectos negativos del desempleo --y recientemente también de la gran dispersión salarial-- sobre las siguientes variables: a) económicas, como la elevación de la pobreza y el aumento del déficit público, b) sociales, como el gran resentimiento social que se traduce en una elevación exponencial de la criminalidad, y c) políticas, que afectan la estabilidad del régimen de partidos y la permanencia de los sistemas democráticos.

Quizás lo más grave de los diversos efectos del desempleo es que se está creando una amplia y heterogénea generación del desempleo y del desconsuelo, no sólo entre la población que por décadas ha sido marginal, sino ahora también en sectores educados de clase media. Por ejemplo, en Estados Unidos se observa que existe una tasa muy elevada de desempleo y subempleo en individuos con grados doctorales, particularmente en las ciencias exactas, que está obligando a reorientar la política educativa de la nación.

La aplicación de medidas de política continúan, así como los debates entre analistas. En ese sentido, aparentemente existen dos posibilidades mutuamente excluyentes: a) flexibilizar los mercados de trabajo, o b) preservar la rigidez que por décadas los ha caracterizado. En el primer caso, se plantea que el beneficio se traduce en disminuir el desempleo, pero a costa de aumentar la heterogeneidad salarial. En el segundo caso, el beneficio es mantener empleos bien remunerados pero con alto desempleo. Los ejemplos de cada uno se concretizan empíricamente con la experiencia de los últimos años de Estados Unidos y de Europa Occidental, respectivamente.

En la ciencia económica, como en cualquier otra actividad, la elección representa buscar un beneficio que necesariamente no puede evitar cierto costo. En esa medida, diremos que no existe política económica libre de costos indeseables. De lo que se trata, entonces, es de lograr la maximización de la primera variable con la minimización de la segunda.

Aún considerando la validez del planteamiento anterior, parecería que podríamos ampliar el espectro de la discusión al incorporar otros temas en la agenda de la política económica que permitan ver otros aspectos del tema en cuestión.

La flexibilidad laboral, entendida no sólo como la eliminación de regulaciones en los mercados laborales, sino más aún como la necesidad a la que obliga la competitividad del mundo contemporáneo, en términos de agilizar la organización del trabajo así como también hacer elástica la percepción de ingresos, es un hecho real que de un modo o de otro todas las unidades económicas han tenido que aplicar. Sin embargo, la flexibilidad laboral --por sí misma-- no tiene la capacidad ni de explicar ampliamente ni mucho menos de resolver un problema tan complejo como el que aquí apenas esbozamos.

Por otro lado, tradicionalmente se ha considerado que el crecimiento económico, per se, genera empleos y eleva salarios. la evidencia empírica viene demostrando que ello se cumple cada vez en una forma más débil, en la medida que el crecimiento no se viene apoyando en mayores requerimientos de trabajo, sino en una mejoría de su calidad. Anteriormente ocurría que para duplicar el volumen de la producción se requería, por así decirlo, duplicar el número de trabajadores o por lo menos las horas de trabajo. Ahora se requieren los mismos trabajadores, o incluso menos. Ello en parte se explica porque en un mundo en el que la demanda es fluctuante y la incertidumbre creciente, las empresas requieren cada vez menos trabajadores pero con mayores calificaciones. Por tanto, el vínculo positivo que durante mucho tiempo existió entre crecimiento y generación de empleos se ha debilitado en extremo e incluso, en no pocas ocasiones, se ha vuelto negativo.

Por tanto, para atacar el problema que nos ocupa al nivel de cualquier unidad económica (país, sector, industria o empresa), no basta con la aplicación de medidas aisladas y de alcances restringidos a sus fronteras propias. Se requiere de una combinación de muchas variables y, sobre todo, que los gobiernos y esas unidades económicas --en una especie de acuerdos amplios en torno del pleno empleo-- formulen planteamientos novedosos, con el fin de que la reorganización de la producción no se base en la eliminación de empleos. En tal sentido, por ejemplo, la flexibilidad se debe fundamentar en la continua calificación de los trabajadores.

Por otro lado, parece existir una relación muy clara entre internacionalización de los mercados de capitales y agravamiento de los problemas socales y en especial del desempleo. Los planteamientos de James Tobin, gran defensor de los principios de la teoría de Keynes, se refieren a que es necesario poner un freno a la gran movilidad internacional de capitales, debido a que con ello se permitirá estabilizar otras variables monetarias y reales, con lo cual será posible regresar a las prioridades de pleno empleo que durante varias décadas fueron centrales en la definición de las políticas económicas de la gran mayoría de los países.

En fin, lo que queda claro es que la dimensión del problema del desempleo, del subempleo y la ampliación de las brechas de ingresos exige la incorporación de planteamientos y políticas que durante mucho tiempo se consideraron antagónicas. Necesitamos flexibilidad intelectual.