La ley Helms-Burton, como se sabe, obtuvo hace rato una opinión totalmente unánime: todos, en efecto, condenaron la pretensión de Estados Unidos de legislar con carácter no solamente retroactivo sino también extraterritorial, planetario, violando los principios más elementales del Derecho, las leyes internacionales y los reglamentos de la Organización Mundial de Comercio (antes GATT) formalmente refrendados por Washington.

Pero esa unanimidad hasta ahora había dado sólo lugar a amenazas de todo tipo, destinadas más que todo a presionar a la Casa Blanca para que vetase, primeramente, la ley Helms-Burton en el Congreso y, después, para que impidiese la aplicación de los artículos que más lesionan los intereses de los países que invierten en Cuba o compran y venden a ese país. Algunos países crearon también leyes antídoto ad hoc para proteger a sus connacionales. Tal fue el caso de México y de Canadá, socios de Estados Unidos en el acuerdo norteamericano sobre libre comercio (NAFTA), llamado arbitrariamente en español, para darle mayor validez, Tratado de Libre Comercio (TLC) pero, en general, todos se limitaron a protestar con energía y amenazaron con llevar el problema a la OMS.

En cambio, ahora la Unión Europea pasa a la acción y sienta un precedente. Su protesta ante la OMC deberá ser tratada el miércoles próximo y, si Estados Unidos no modifica su actitud, el caso deberá ser juzgado por un tribunal independiente que casi seguramente dará la razón a los quejosos y, de este modo, dará agua abundante al molino de quienes, en Estados Unidos, se niegan a tolerar las ataduras comerciales que derivan de pertenecer a la OMC y plantean salir de ese organismo para confiar solamente en la ley de la selva.

Estados Unidos, por supuesto, está acostumbrado a desconocer las resoluciones internacionales que condenan su política y a presentar siempre hechos consumados. Así hizo con la del Tribunal de La Haya sobre su política agresiva contra el gobierno anterior, sandinista, de Nicaragua, y con tantas resoluciones de la Asamblea General de la ONU y así actuó en sus intervenciones militares, todas ellas realizadas con o sin el aval a posteriori de las Naciones Unidas. Frente a la protesta mundial contra la ley Helms-Burton trata ahora de reaccionar de un modo similar. Pero la situación es diferente y se ha embarcado en una confrontación con la Unión Europea, que es un coloso económico de talla, aunque sea un enano político. Además, detrás de los europeos se escudarán seguramente los latinoamericanos y los canadienses, todos los cuales han declarado hasta el hartazgo en todas las sedes su oposición a una ley que viola sus soberanías y toda la jurisprudencia internacional. De modo que Washington esta vez no tiene que enfrentar sólo a un país de cinco millones de habitantes, como Nicaragua, ni a la burocracia de la ONU, sino al poderoso caballero Don Dinero y al grupo de países que desde siempre pretende atar a su carro de vencedor.

Por lo tanto, si en esta ``vencida'' politicoeconómica ganase, las consecuencias políticas le serían gravemente desfavorables y, si perdiese, el costo interno sería muy grande. La elemental prudencia le aconseja pues aplicar la ley Helms-Burton en las calendas griegas.