Miguel Concha
Elecciones en Guerrero

Mañana se realizarán en Guerrero los comicios para elegir autoridades municipales y legisladores. Es el primer evento de este tipo desde que comenzó una espiral de violencia que hace varios meses agravó los añejos conflictos de la entidad. La peligrosa conflictividad se ha elevado al extremo de la aparición de guerrillas.

De acuerdo con los sondeos realizados en el estado por el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara, un 40 por ciento de los ciudadanos en edad para votar estarán ausentes de las urnas este domingo. Las razones son, entre otras, la desconfianza, la incertidumbre y el temor acumulados que se viven en la entidad desde hace por lo menos 16 meses: en ese lapso han sido asesinados muchos activistas políticos y han sido masacrados muchos campesinos, miembros de organizaciones independientes. La obligada renuncia de Rubén Figueroa Alcocer a la gubernatura del estado ha tenido también un importante peso. Resulta igualmente desestimulante la sistemática persecución que se lleva a cabo en contra de los miembros de las organizaciones de colonos, los maestros independientes y otros sectores políticamente activos.

La visita llevada a cabo a Guerrero hace una semana por un grupo de representantes de organizaciones ciudadanas, encabezadas por las Alianzas Cívicas Nacional y del estado --en la que se entrevistaron con autoridades del Ejecutivo, electorales y municipales, además de dirigentes partidarios-- aportó otros elementos que son dignos de ser tomados en consideración para una evaluación objetiva de estos comicios. En primer lugar vale la pena mencionar que el gobernador, frente a la petición de que el Ejército dejara de operar al menos durante el día de las elecciones, con el propósito de crear un ambiente indispensable de distensión, argumentó la imposibilidad de solicitar el acuartelamiento de tropas, arguyendo la presencia de grupos armados, y sólo prometió que los operativos que se realizaran se llevarían a cabo en forma ``discreta''. Curiosamente el presidente nacional del PRI dijo lo mismo el día del cierre de campaña de sus candidatos.

De igual manera, los representantes de los organismos civiles describieron al gobernador las diversas irregularidades que observaron y documentaron a lo largo de su recorrido. Señalaron que habían recibido denuncias relativas a las coacciones para votar por el tricolor, condicionando al triunfo de ese partido ayudas gubernamentales para las comunidades, el mantenimiento de becas, la entrega de despensas y de materiales de construcción, etcétera, así como la compra de credenciales de elector o el trueque de las mismas por víveres, la entrega de los créditos justamente en medio de las campañas proselitistas del partido en el gobierno, etcétera. Desafortunadamente la respuesta del jefe del Ejecutivo estatal fue que, en primer lugar, no es fácil cambiar las conductas de funcionarios que, ``por razones culturales'', ponen al servicio de las campañas del PRI el aparato de la administración pública. Y, en segundo lugar, aunque se comprometió a velar porque en la semana previa a las votaciones no se realizaran más tales prácticas, poco efecto pueden tener medidas que llegan tan a destiempo y sin la garantía, por razones ``culturales'', de que serán rigurosamente cumplidas por todos los funcionarios.