Luis Villoro
La encrucijada

El próximo día 8 se reunirá en México un Congreso Nacional Indígena. Concurrirán representantes genuinos de la mayoría de los pueblos indios. Su lema es: ``Nunca más un México sin nosotros''. No es una palabra de ruptura sino de participación. Quieren escuchar y ser escuchados; contribuir con su voz a un país nuevo. Presentarán sus demandas de justicia en el marco del derecho.

Al mismo tiempo, el Congreso de la Unión discutirá las leyes que los conciernen. Pero la primera negociación con uno de los pueblos indios ya tuvo lugar en San Andrés Larráinzar, en Chiapas. Fue un acuerdo inicial. No dio satisfacción a todas las demandas indígenas pero, al menos, les reconoció un derecho mínimo: el derecho a la autodeterminación y al ejercicio de la autonomía dentro del marco unitario del Estado nacional. El documento, firmado por la delegación gubernamental, establece el ``compromiso'' del gobierno federal de ``enviar a las instancias de debate y decisión nacional'' los acuerdos. Las reformas constitucionales dependen, es cierto, del poder Legislativo, pero el Ejecutivo quedó formalmente ligado a cumplir con lo pactado. Si hace honor a su palabra, habrá dado el primer paso para satisfacer las necesidades de los pueblos indios. Por lo contrario, si llegara a presentar un proyecto de ley distinto, si el Congreso aprobara un texto que no incluyera íntegramente los acuerdos de San Andrés a que se comprometió el Ejecutivo, se habrá demostrado que las negociaciones fueron inútiles. Tendrán, entonces, la justificación que esperan quienes no ven más vía que la violencia.

El Congreso Nacional Indígena ha invitado a una delegación del EZLN. Es comprensible su interés en contar con la participación de quienes mucho han hecho por defender sus derechos. No sabemos aún si los zapatistas vendrán a la capital. De hacerlo, caminarían en plan de paz, sin más armas que su palabra. Sería el primer paso para dar comienzo a la transformación que todos ansiamos: su conversión en un movimiento civil; una señal clara de que la vía del encuentro civilizado sigue abierta.

Hay que decirlo claro: ninguna ley se opone a su venida. La Ley para el diálogo, la conciliación y la paz, suspende las órdenes de aprehensión contra los zapatistas mientras subsistan las negociaciones, y éstas no están rotas sino sólo suspendidas temporalmente. En su artículo 6o. se garantiza ``el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del grupo mencionado (los zapatistas)''. No se confinan esas garantías a ningún territorio de la República. Mientras no cometan actos delictivos, en tanto no usen las armas, los zapatistas tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano. Su venida a México mostraría a las comunidades indígenas, a la sociedad entera, que sobre la opción de la violencia tiene éxito la vía de la conciliación y del encuentro.

Si se impide por la fuerza su salida de Chiapas, peor aún si se les aprehende, es fácil adivinar el resultado: se hará imposible su conversión en un movimiento político pacífico, se romperán las negociaciones de San Andrés, se provocará una reacción indignada de muchos elementos de la sociedad y el repudio decidido de las organizaciones indígenas. Una vez más, se habrá regalado una razón poderosa a quienes proclaman la inutilidad de todo diálogo y están dispuestos a ceder a la tentación del terrorismo.

El Congreso Nacional Indígena nos ha hecho conscientes de que estamos en una encrucijada. Elegir una vía mostrará que las negociaciones dan fruto, que los acuerdos se cumplen, que el diálogo, pese a sus riesgos y dificultades, es la manera más eficaz de solucionar nuestros problemas. El otro camino tiene un fin: mostrar que las negociaciones son vanas, que la palabra dada carece de valor, que la presencia pacífica de los disidentes en la nación no merece respeto, que sólo hay una opción: la que claman los violentos.