México no ha podido quitarse de encima la política autoritaria, caciquil, ranchera, dinosáurica, con la cual se hace abstracción de las garantías ciudadanas fundamentales y los derechos humanos. Decir que líderes del EZLN no pueden viajar a la ciudad de México a tomar parte en una asamblea legal, debido a que están confinados por decisión gubernamental al estado de Chiapas, implica un desconocimiento de la garantía de libre tránsito, la cual no está suspendida en ninguna región del país.

Amenazar con violar la suspensión de las órdenes de arresto, establecida en una ley federal, si los líderes del EZLN abandonan Chiapas, es anunciar que se está dispuesto a pisotear la legalidad.

Pero cuando todo lo anterior lo dice el secretario de Gobernación y lo confirma el Presidente de la República, vienen a nosotros las imágenes del autoritarismo más descarnado, el de Díaz Ordaz-Echeverría, para la generación del 68; el de Calles, para la de los años 20.

El señor Chuayffet no puede mandar a detener a nadie debido a que él no es el jefe de la policía judicial federal, mientras que el procurador tampoco lo puede hacer, en este caso, pues una ley se lo impide, al menos de momento.

El gobierno se comporta como si la presencia en la capital de unos líderes zapatistas pusiera en peligro la paz interna, la estabilidad del gobierno, las finanzas nacionales o cualquiera otra cosa por el estilo. Son las desmesuras sexenales. Este asunto guarda una similitud con la incongruencia entre la declaración oficial de que el nuevo EPR carece de base social y la sentencia presidencial contra los guerrilleros: ``toda la fuerza del Estado''.

¿En qué sentido puede ser ``una provocación'' la concurrencia de algunos de los líderes del EZLN a un congreso en la ciudad capital del país? ¿Qué podría provocar? ¿A quién podría estar dirigida la provocación? Si esos zapatistas estuvieran reclutando gente para su ejército de rebeldes, podría decirse que tal actividad es ilegal lo mismo en San Andrés Larráinzar (o como se llame) que en la ciudad de México. Lo que no puede admitirse de ninguna manera es que los zapatistas sólo puedan concurrir a los lugares señalados por el señor Chuayfett, pues éste no es el administrador de las garantías constitucionales, sino el funcionario gubernamental encargado de vigilar que éstas se respeten.

El secretario de Gobernación concibe el diálogo de San Andrés como una instancia de acuerdos aislados con los rebeldes. Supone que su tarea es llegar a esos acuerdos, firmarlos y declarar resuelto el problema. Pero está equivocado de lado a lado. La carencia de una visión de conjunto sobre el país y la idea de que lo verdaderamente importante es la estabilización de los índices macroeconómicos, aderezada con algunos parches más o menos mal puestos al sistema político, es un completo error desde todo punto de vista.

El miedo mayor de Chuayfett y de Zedillo es que avance la idea de una gran negociación política nacional como medio de superar definitivamente el viejo sistema político. Hasta hoy --y gracias a la actitud de Acción Nacional-- el gobierno ha tenido cierto éxito en contener la exigencia del gran diálogo para el gran cambio, pero los acontecimientos se siguen acumulando y, por más que se postergue el momento de las grandes definiciones políticas, será imposible impedir un nuevo pacto nacional como gran proceso de reforma.

Si ante un asunto que podría verse como enteramente normal, tal como es el viaje de algunos líderes del EZLN a la capital del país, el gobierno se pone nervioso, amenaza con violar garantías constitucionales y leyes federales, tilda a los zapatistas de ``provocadores'' y arma revuelo (lo cual, por cierto, sólo le da mayor importancia al viaje de los chiapanecos rebeldes), imaginemos lo que ocurriría frente al desarrollo de un esquema de gran diálogo nacional entre las fuerzas políticas, sociales y de la cultura del país, rebeldes incluidos. ¡Lástima que los sindicatos --cosa muy sabida-- y Acción Nacional --algo muy lamentable-- se encuentren dentro de las redes del poder presidencial!

El tema de la paz en México es el de la democracia, las libertades y la justicia, el de la cancelación del viejo sistema político y la creación de uno nuevo, el del reconocimiento de derechos para todos sin injerencias del gobierno en las organizaciones de la sociedad. No se puede ``negociar'' ninguna paz con un grupo u otro, con unos rebeldes o civiles opositores, mucho menos entre las solas fuerzas oficialistas. El cimiento de unas relaciones civiles tendría que ser un nuevo pacto político suficiente en su amplitud y contenido.

Mas, para ello, habría que superar la política ranchera y alejar a los dinosaurios.