El gobierno sigue actuando con una discrecionalidad sin límites sostenido por un partido de Estado, y ése es el principal obstáculo para que la paz pueda llegar a Chiapas (y al país). Ernesto Zedillo y los colaboradores de Salinas que gobiernan con él, insisten sin embargo en encubrir sus acciones ilegales con declaraciones legalistas, lo que sólo evidencia las políticas de simulación.

1. La principal prueba de que vivimos en plena ilegalidad la constituye la tesis oficial (de interpretación de la Constitución), en el sentido de que los zapatistas no tienen derecho a la garantía del libre tránsito consagrada en los artículos 1 y 11 constitucional, pues ni la Constitución ni la Ley para el Diálogo del 11 de marzo del 95 podrían prever restricción alguna al respecto, y con ello el gobierno sólo muestra la debilidad política de Zedillo y el temor que le tiene a un hombre que habla desde lo alto de una ceiba y a los indígenas de Chiapas, que en mil días han cambiado la historia del país.

2. El comunicado de Gobernación en el que afirma que ``se aplicará la Ley al EZLN si sale de Chiapas'' (1 de octubre) es por ello una perla de la ignorancia jurídica de nuestros ``gobernantes''. El jurisperito Chuayffet debería saber que la Ley tiene que aplicarse en todo momento, pero como para ellos ``la Ley'' es la fuerza represiva, lo que quiso decir fue lo contrario: amenazó con violarla si los zapatistas salían de Chiapas.

3. La segunda ``gaffe'' de los aprendices de abogados, ha sido desde luego la afirmación del jurisconsulto Marco Antonio Bernal (que en realidad es politólogo) de que el gobierno podría ``desconocer a la Conai'' si sigue teniendo más iniciativas de paz (27 de septiembre). Desde luego que podría hacerlo, como lo hace con la Ley para el Diálogo, los convenios suscritos por México (como el 187 de la OIT) y la Constitución. Eso no es novedad, los tecnócratas ignoran todos los días con sus actos el orden legal de la República, pero si nos situamos en la perspectiva de un Estado de derecho (que no existe en el país), no pueden hacerlo, porque la propia Ley para el Diálogo reconoce a la Conai en su artículo 8. La Conai, que ha sido la verdadera mediación, cumpliendo un papel ejemplar, es una instancia legítima (aceptada por las partes) y legal (reconocida por la Ley).

4. ¿A quién podría por lo mismo sorprender con esos antecedentes que los acuerdos de la Mesa I de San Andrés no estén incluidos en la iniciativa oficial sobre derechos indígenas, y que el propio gobierno se atreva a argumentar sobre esa nueva violación a la Ley para el Diálogo? (La Jornada, 29 de septiembre).

5. Empeñado en descalificar al obispo Samuel Ruiz, en desconocer a la Conai, y en ``achicar'' a los zapatistas, el gobierno se olvidó de las leyes del país, y hay algo muy serio que a todos se les ha pasado. Los señores Bernal, Del Valle, Angeles et al., que se ostentan como dirigentes de ``la delegación gubernamental'', lo hacen metajurídicamente, pues esa delegación no existe legalmente ya que la Ley para el Diálogo no la crea ni la menciona. Y como en el régimen constitucional mexicano, sólo el Congreso tiene facultades para crear empleos (artículos 73, fracción XI y 75 constitucionales), estos señores actúan ilegalmente. Zedillo estaba obligado a enviar a Chiapas a funcionarios públicos con responsabilidad política y legal para negociar por la índole de su cargo (determinado por una Ley), y no a empleados menores del gobierno (asesores de Pronasol o de Gobernación), sin personalidad jurídica.

6. El hecho de que ``la delegación gubernamental'' no exista jurídicamente no es secundario, pues en su papel de facto sus integrantes cometen diversas violaciones al orden legal del país: como cuando Bernal, empleado menor de una dependencia, pretende, nada menos, que dar órdenes al Ejército y habla como el alter ego del Ejecutivo, en violación abierta al artículo 89, fracción VI.

7. El patrimonialismo presidencialista no parece tener remedio, y ``la delegación del gobierno'' actúa en ese sentido sin límites, al disponer de sumas que no fueron autorizadas por el Congreso. Es legítimo preguntarse ¿de qué partida salen los recursos para que los señores de ``la Gobernación'', como los llaman los indígenas de Los Altos, lleven dos años dándose vida principesca?

8. El gobierno federal ha dejado de cumplir con sus responsabilidades en Chiapas en estos dos años, y por ello resulta ridícula la pretensión de Ernesto Zedillo enunciada ayer en Palenque (3 de octubre), de que ha actuado en la legalidad. A este respecto habría que recordar que ``su gobierno'' no tiene justificación por haber utilizado los recursos destinados a educación, salud y vivienda en la compra de organizaciones sociales y de dirigentes políticos o para ``modernizar'' los aparatos de represión.

9. El gobierno está entrampado en Chiapas porque no quiere respetar el orden legal de la República, ni quiere negociar en serio como lo prevé la Ley para el Diálogo, que se ha vuelto un obstáculo para el presidencialismo.

10. La movilización cívica para que Zedillo y sus amigos entiendan que los zapatistas pueden circular libremente por el territorio nacional tiene por eso el carácter de un símbolo: es la defensa de la dignidad de un pueblo y es también, por eso mismo, una lucha por la legalidad.