Tras el retiro de los delegados zapatistas de la mesa de pláticas de San Andrés Larráinzar, y luego de varias semanas de estancamiento del proceso pacificador para Chiapas --un estancamiento que las iniciativas de la Conai y la Cocopa no han logrado superar hasta ahora--, ha venido a sumarse una nueva circunstancia de tensión: la aceptación zapatista a una invitación para asistir al Congreso Nacional Indígena --a celebrarse en esta capital del 8 al 12 de octubre próximos-- y la extrema reticencia del gobierno federal a permitir la presencia de representantes rebeldes en ese encuentro. El gobierno ha advertido incluso que se ``aplicará la ley'' contra los zapatistas que salgan del área de conflicto, lo que puede interpretarse como la reactivación de las órdenes de aprehensión dictadas el 9 de febrero del año pasado y suspendidas por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Es por demás necesario, en esta circunstancia, señalar la importancia que han tenido, en los esfuerzos de desactivación del conflicto chiapaneco, las iniciativas y las movilizaciones de la sociedad civil, y que el encuentro mencionado es un paso más en este sentido. Mientras mayores sean los canales de comunicación entre esa sociedad y los zapatistas, y mientras mayores espacios de participación se abran para ellos, más probabilidades existirán de que la organización rebelde se aleje en forma permanente de la exasperación armada con la que irrumpió en el escenario nacional el primero de enero de 1994. En sentido inverso, a mayor acorralamiento y aislamiento de los zapatistas, más se alejarán las posibilidades de fraguar una paz con justicia y dignidad para Chiapas, y mayores serán los peligros de que el conflicto se reactive.

Las autoridades debieran considerar, por otra parte, que sus advertencias se basan en argumentos e interpretaciones legales que distan mucho de suscitar el consenso. En tal situación, si con motivo de la presencia de dirigentes del EZLN en el DF, se emprendieran contra ellos medidas de hostigamiento o persecución, éstas no serían vistas, por importantes sectores de la sociedad, como actos de autoridad, sino como expresiones de autoritarismo, o incluso como indicios de que el gobierno estaría actuando con base en el encono o el temor.

Debe corresponder al gobierno dar prueba de su voluntad de paz, reaccionar con sensatez y prudencia y no interferir en los esfuerzos de los rebeldes chiapanecos por estrechar sus vínculos con expresiones sociales y políticas pacíficas y legales. Asimismo, las autoridades deberían cobrar conciencia de que la anunciada visita de líderes o representantes zapatistas a la capital es plenamente congruente con la determinación del EZLN de transitar hacia formas ciudadanas y no violentas de hacer política, independientemente del curso que tomen las pláticas en San Andrés.

No puede olvidarse que uno de los factores que incidieron en la gestación del levantamiento armado de 1994 fue la falta de opciones de participación política legal para los indígenas chiapanecos. Si en el momento presente se emprendiera una persecución contra los representantes suyos que viajen al Distrito Federal, estaríamos ante un signo desolador de que no ha habido capacidad o voluntad para asimilar las lecciones del alzamiento ni para corregir sus causas profundas. Demostrando lo contrario, el gobierno federal y el país tienen mucho que ganar.