Los planes oficiales de privatización de la industria petroquímica no se afectan por la oposición de un sector del PRI o, siquiera, por el acuerdo formal al que llegaron los priístas en su 17 Asamblea Nacional para defender el petróleo. Los tecnócratas se mantienen apegados a una estrategia economicista en el manejo de los activos de la Nación, y no están dispuestos a renunciar a su ideología. En ella no tienen cabida las consideraciones ``políticas'', aun cuando éstas provengan del partido del gobierno.
Sin embargo, cuando en la 17 Asamblea el presidente Ernesto Zedillo reiteró su propia militancia partidista puso en evidencia --sin pretenderlo quizás-- el conflicto de intereses que enfrentan los funcionarios que están encargados del proceso de privatización, pues como tecnócratas y como priístas tienen compromisos distintos e, incluso, antagónicos. Por una parte, el gobierno al que sirven pretende seguir adelante con la privatización; por otra, el partido al que pertenecen se opone a que se vendan las plantas.
Para evitar caer en este aparente dilema, los tecnócratas se deslindaron de los acuerdos a los que llegó el PRI dejando a un lado, por ahora, su afiliación partidista. La manera en que rechazaron la posición de su partido varió en cada caso de acuerdo a la cercanía, o distancia, que en lo individual guarda cada uno de estos funcionarios con el partido. Mientras más tenue la militancia y la lealtad partidista del tecnócrata en cuestión, más abierta y definitiva fue su respuesta al PRI.
El secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, por ejemplo, no tiene ninguna lealtad especial al PRI al que sólo pertenece nominalmente; por lo que su reciente aclaración de que se ``acelerará el proceso de privatización'' está motivada por su experiencia profesional en el Fondo Monetario Internacional y, en particular, por los compromisos que suscribió el gobierno con esta institución a cambio del paquete de ayuda financiera que recibió México después de la devaluación.
A los funcionarios encargados de privatizar las plantas petroquímicas la contradicción entre la posición del gobierno y la del partido les resulta irrelevante o, a lo más, incómoda. Están comprometidos con llevar adelante el proceso de restructuración económica que contempla el Tratado de Libre Comercio y a cumplir con las obligaciones financieras del gobierno con el exterior. Esta es la lógica que el gobierno busca imponer por encima de la oposición de un sector del PRI (y de una mayoría de la población) a la venta de las plantas petroquímicas.
Para ello, los tecnócratas cuentan con el apoyo (y el estímulo) del mismo lobby petrolero que en Estados Unidos promovió primero el TLC y, ahora, presiona para que se abra la industria petroquímica. Se trata de un poderoso grupo de interés en Estados Unidos que, durante las negociaciones del TLC, estuvo encabezado por el ex presidente George Bush y el ex secretario del Tesoro, Lloyd Bentsen --ambos políticos texanos y republicanos con negocios en el sector petrolero.
En el gobierno de Bill Clinton los intereses del sector energético están representados al más alto nivel por otros políticos que se encuentran también cercanos a la industria del petróleo y el gas natural --sureños también, pero demócratas, como el vicepresidente Al Gore o el asesor presidencial Thomas McLarty (posible futuro embajador en México). El actual embajador James Jones representa a estos intereses aquí, pues sus vínculos con las empresas de petróleo y gas se remontan a sus días como diputado por Oklahoma --un estado rico en recursos energéticos.
Por ello fue Jones quien al término de la Asamblea del PRI hizo sonar primero el grito de alarma a nombre de los petroleros y banqueros estadunidenses que tienen interés en la venta de las plantas petroquímicas. De este modo el embajador Jones les recordó a los tecnócratas mexicanos los compromisos que adquirieron al suscribir el TLC y recibir el paquete de asistencia financiera internacional; y ellos, en respuesta, marcaron una distancia de su partido y anunciaron que se ``acelerará el proceso de privatización''.