Para la Secretaría de Gobernación (Segob), según su propio comunicado de la noche del lunes, el traslado de los miembros del EZLN a cualquier lugar fuera del ámbito establecido por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, será tenido por un ``acto de provocación deliberado'', que obligaría a las autoridades competentes a ejercer sus facultades para garantizar la seguridad interior y la procuración de justicia.

En otras palabras, si una delegación de los zapatistas se desplazara a la capital federal para asistir al Congreso Nacional Indígena que se verificará la semana próxima, se declararían rotas las pláticas de San Andrés y se reactivarían las órdenes de aprehensión hoy en suspenso (y se dictarían las que falten, supongo). Esto es una advertencia, por no decir una amenaza, y muestra, entre otras cosas, lo frágil de la voluntad política en que se ha sustentado hasta ahora la paz, cosa lamentable y preocupante.

No se sabe aún siquiera si el EZLN ha aceptado la invitación para hacerse presente en una reunión de indígenas que le concierne como al que más. Pero la Segob se ha adelantado, precisamente para forzar la no aceptación, con lo que, de paso, tal vez fuerce lo contrario, como está viéndose. En cualquier caso, el comunicado de la dependencia altera gravemente la imagen de los interlocutores de San Andrés y de cuanto está ocurriendo en Chiapas, y precisamente en un momento en que lo que se requiere es crear las condiciones políticas para la reanudación del diálogo.

Se ha dicho expresamente que los zapatistas no son delincuentes ni terroristas, sino mexicanos inconformes, que si bien se alzaron en armas y siguen armados, han concedido prioridad a la solución política por sobre la vía militar, tienen base social reconocida y están en tránsito hacia la vida legal y pública, como dice la Segob. Tal es la razón de ser de la Ley arriba mencionada, de la comisión legislativa de concordia, de la comisión nacional intermediaria y, desde luego, de las pláticas de San Andrés. Ese estatuto de los zapatistas es muy distinto del de delincuentes en suspenso, que se desprende del comunicado segobiano. Además, en la ley expresamente invocada se establecieron garantías de desplazamiento, no restricciones injustas: nadie dibujó ningún croquis para delimitar los espacios de desplazamiento de los mexicanos inconformes, lo que habría manchado de inconstitucionalidad a esa ley.

Admitamos algo que es verdad: ningún gobierno del mundo, cualquiera que sea su índole, aceptaría que los integrantes de una guerrilla que se propone derribarlo se desplacen como si tal cosa por el territorio de su jurisdicción. Esto suena un tanto grotesco. Pero es grotesco también que los guerrilleros, cuyo ámbito necesario es la clandestinidad, asistan audazmente, en calidad de tales, a un Congreso público en el que, encima, puedan ser fácilmente identificados por las capuchas, que en este caso son la seña de identidad. Admitamos, entonces, que estamos ante una situación sui generis en la que el gobierno, cediendo a la presión social, ha aceptado dialogar y llegar a acuerdos de pacificación con una guerrilla que, por virtud de la misma presión, se ha internado ante los ojos de todos por el camino político a expensas de sus aprestos bélicos iniciales. Esto explica que todos veamos con naturalidad una eventual delegación zapatista al Congreso indígena, y con alarma el comunicado de la Segob que nos hace retroceder a los primeros días de enero de l994 o a febrero de l995.

Independientemente de si los zapatistas están o no interesados en desplazarse, es preciso reivindicar su derecho a hacerlo, porque la libertad de tránsito interno está plenamente garantizada por la Constitución. A menos que con la interpretación retorcida de una ley subalterna se haya pretendido negarles su condición de ciudadanos y arraigarlos en la selva, con el cerco estrecho del ejército regular, como medida precautoria hasta que todos sepamos que han muerto a causa del aislamiento, las enfermedades inevitables y el hambre. En este caso extremo, la actuación gubernamental en San Andrés habría sido una pura forma de dejar pasar el tiempo. Y lo que uno quiere creer es que en el gobierno hay voluntad para continuar el diálogo, para entenderse realmente y alcanzar acuerdos que permitan la culminación del proceso de conciliación y paz digna.