Decíamos hace días que la ciudad estaba pasando de la barbarie a la civilización. Nos equivocamos. La prepotencia volvió a la Condesa. En forma violenta fueron retiradas mesas y toldos de comercios que ocupaban las banquetas en decenas de calles, lo que representa un acto contradictorio de la autoridad. Lejos de resolver los conflictos por el uso de las banquetas, se ha generado una profunda división en la sociedad: entre vecinos y propietarios de restaurantes y entre los mismos representantes ciudadanos. Los actos de autoridad para aplicar las leyes deben servir para resolver problemas, no para generarlos. Aquí pues, algo está fallando.

La ciudad es un espacio dinámico. Barrios de tradición exclusivamente habitacional, como Polanco, Anzures, Nápoles, Obrera, Juárez y muchas más han incorporado desde hace años usos comerciales y culturales. Este proceso urbanístico que modifica los usos del suelo y la conformación de sus calles se presenta ahora en las colonias Roma y Condesa, mismas que han incorporado (en buena parte debido a los cambios provocados por los sismos de 1985) actividades comerciales en sus zonas centrales. Los impactos de tal proceso, no necesariamente negativos, tienen que normarse con disposiciones jurídicas claras y transparentes, que no den lugar a la corrupción y mucho menos a enfrentamientos ciudadanos.

Una ley que no toma en cuenta la realidad da pie a la corrupción. Una ambigua sólo conduce al autoritarismo cuando así conviene a los intereses de quienes nos gobiernan. En el caso de la Condesa y Roma la discrecionalidad ha sido el pilar de la corrupción aprovechada por la autoridad. La Ley de Establecimientos Mercantiles aprobada el 15 de abril de 1996 por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) dice en su artículo 12 que se podrán colocar en las banquetas sombrillas, mesas e instalaciones desmontables, siempre y cuando se ubiquen en zonas comerciales, culturales o turísticas; además, condiciona su permiso a que no se instalen en zonas preponderantemente habitacionales y de oficinas.

¿Estructuras desmontables en minutos, días o meses? ¿Quién decide si la Condesa y Roma son zonas comerciales culturales o turísticas, cuando desde 1988 sus usos del suelo permitidos son habitación con comercio en algunas calles? ¿Cómo debe aplicarse el ``preponderantemente habitacional'' para autorizar o no el uso de banquetas? Lo peor está en su artículo 15, donde se limita el permiso a seis meses, ``pudiendo ser renovado''.

El condicionamiento temporal de los permisos es fuente inagotable de ingresos extras para las autoridades y sus inspectores, y eso es precisamente lo que fomenta la Ley de Establecimientos probada por la ARDF. Una última pregunta: ¿Por qué si los restaurantes estaban fuera de la ley se les autorizaron por escrito los permisos correspondientes? Por todo ello, el acto de autoridad supuestamente basado en aplicar la ley nos parece desproporcionado y contradictorio, autoritario y probablemente ilegal, cuestión que tendrían que probar los abogados.

La ambigüedad de la ley propició, hay que reconocer, abusos de algunos restaurantes que no cumplieron al principio con las normas exigidas, como el ruido permisible, dejar 1.5 metros libres para el paso de los peatones, resolver el estacionamiento de autos, contar con instalaciones adecuadas para evitar malos olores provenientes de las cocinas y otros más. Todo ello provocó las protestas vecinales. Y despué, aunque algunos restaurantes cumplieron, fue demasiado tarde.

La autoridad está ahora entrampada jurídicamente, lo que ha orillado a cometer también excesos nada deseables que podrían extenderse a otras zonas más comerciales de la misma delegación Cuauhtémoc. ``O todos coludos o todos rabo- nes'', parecen exigir los propietarios de restaurantes en calles comerciales de la Condesa y la Roma.

Una salida negociada al conflicto debe ser de largo alcance. Sería conveniente, por tanto, contar con un programa parcial para ambas colonias y elaborar un proyecto integral de las calles comerciales que incluya los diseños del uso de banquetas, pero propuesto y aprobado por consensos. A la par, la ley debe ser revisada en forma autocrítica y modificada con una participación más activa de los vecinos y sin ambigüedades, de tal manera que se suprima la discrecionalidad para otorgar permisos y, por ende, la corrupción.

Los legisladores y asambleístas deben viajar menos y cumplir mejor su función aprobando leyes que no generen enconos y divisiones vecinales; sería igualmente grave que los consejeros ciudadanos asumieran funciones que no les corresponden. Todos estamos obligados a construir caminos de entendimiento y diálogo, de convencimientos mutuos y de consensos ciudadanos con la autoridad. Construir una base de pluralidad y tolerancias no para inhibir, sino para gobernar la ciudad