Octavio Rodríguez Araujo
¿Por qué no?

El 9 de febrero de 1995 la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer una lista de presuntos dirigentes del EZLN contra los que se dictaba orden de aprehensión. Varios de éstos han sido exonerados de cargos por insuficiencia de pruebas. Fernando Yáñez, el supuesto comandante Germán según la PGR (puesto que en otros medios no se le ha reconocido como tal), es uno de esos presuntos dirigentes con orden de aprehensión; pero, por lo mismo, protegido por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas mientras el Diálogo de San Andrés no sea roto. De aquí que al ser detenido en la ciudad de México el año pasado, la PGR tuvo que sobreseerse pues no procedía su aprehensión.

El supuesto comandante Germán, gracias a la ley mencionada puede circular con absoluta libertad por todo el territorio nacional, puede trabajar y ejercer su profesión legalmente, puede tener una vida normal, en lo que cabe para una persona amenazada de perder su libertad en cualquier momento en que el diálogo gobierno-EZLN se rompa.

No hay ninguna ley que obligue al supuesto comandante Germán a fijar su residencia en Chiapas o en Tlaxcala o en el Distrito Federal. ¿Por qué, en cambio, el subcomandante Marcos, contra quien supuestamente también hay orden de aprehensión suspendida por la Ley para el Diálogo, no puede viajar fuera del territorio chiapaneco si el Diálogo está en curso, si no se ha roto?

La Ley para el Diálogo establece que para fines de negociación los zapatistas no podrán portar armas, pero no dice que pierdan su carácter clandestino ni que dejen de estar enmascarados. La delegación gubernamental, tanto en San Andrés como en otras ciudades de Chiapas, ha aceptado que los zapatistas mantengan ocultas la cara y su identidad. La ley, que no los obliga a quitarse el pasamontañas ni los sombreros con listones o las gorras de beisbol, les reconoce estatus de ciudadanos mexicanos ``que se inconformaron'' y les garantiza esta condición si desean participar en política ``dentro de los cauces pacíficos que ofrece el Estado de derecho''.

La intención de los zapatistas de participar en el Congreso Nacional Indígena en la ciudad de México, no supone que asistirían armados, pero tampoco sugiere que vendrían a una negociación con la delegación gubernamental. Simplemente aspirarían a participar políticamente dentro de los cauces pacíficos que ofrece el Estado de derecho.

Pero el gobierno, la Secretaría de Gobernación, una vez más quiere torcer el Estado de derecho (que incluye a la Ley para el Diálogo) y, por si no fuera suficiente, ha considerado que el traslado zapatista sería un ``acto de provocación deliberada'' frente al cual corresponde únicamente aplicar la ley (La Jornada, 1/10/96).

La Ley para el Diálogo, a diferencia de lo que he escuchado en varios noticieros de radio por boca de loros con licencia de locutores, no menciona que los zapatistas, presuntos o reales, afuera o adentro de Chiapas, tengan arresto domiciliario o estatal para que la Ley los proteja. Esta no es condición para ninguno de los presuntos dirigentes o miembros del EZLN con orden de aprehensión suspendida por la Ley mientras dure el diálogo. Y éste, deberá repetirse para que les entre bien en la cabeza a los de la gobernación, no está roto, sólo suspendido en los términos del mismo ordenamiento legal multicitado. Es más, ni siquiera se puede romper unilateralmente, por si existiera la tentación de hacerlo con tal de que no vengan los zapatistas al Distrito Federal.

¿Por qué el gobierno quiere tener a los zapatistas arrinconados? Por la misma razón por la que no aceptó que el Diálogo se llevara a cabo en una ciudad como San Cristóbal o fuera de Chiapas (en el DF, por ejemplo): para que su palabra, la de los zapatistas, trascendiera lo menos posible, para que su influencia en la sociedad disminuyera, para ``achicarlos'' todo lo posible, como explícitamente lo ha dicho uno de los integrantes principales de la delegación gubernamental. Pero el gobierno está en la mira: o acata y cumple la ley, o la viola, y la sociedad toda, y no sólo la mexicana, está muy atenta al desenlace.