Profunda alegría me produjo la cascada de telefonemas que recibí en los últimos días, de amigos y compañeros de todas clases de militancia, en que me expresaban su regocijo ante la noticia de que el Congreso Nacional Indigenista convocado para los días 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de México, tendría representación directa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa esperanzada manifestación tenía dos razones: por una parte, el respeto al derecho de libre tránsito dentro del territorio nacional, como una garantía individual, y porque abría la posibilidad de buscar un nuevo camino de solución al problema presente en Chiapas, espejo del gran problema nacional.

Ante la suspensión del diálogo de San Andrés Larráinzar originado en la tozudez de la representación gubernamental y ante el desconocimiento de las funciones mediadoras y conciliatorias de la Conai y de la Cocopa, se eliminó o al menos se afectó gravemente la posibilidad de una solución conciliatoria, que fuera resultado del diálogo de San Andrés. Por ello, la apertura de un amplio foro nacional era motivo de fundada ilusión para los que aún creemos en el valor de los caminos pacíficos, sin menospreciar el valor y el mérito de quienes arriesgan su tranquilidad y su vida misma, en defensa de los principios de justicia y dignidad en los que creen.

Algunos de los representantes gubernamentales sostienen que los representantes del EZLN no están libres de transitar dentro del territorio nacional sino sólo dentro del chiapaneco, porque están sujetos a procesos penales y órdenes de aprehensión que sólo han quedado suspendidas temporalmente en este territorio específico.

Según tales defensores de la represión institucionalizada, los zapatistas no tienen la posibilidad de invocar el artículo 11o. de la Constitución, ni tampoco derecho a expresarse libremente, en los términos del artículo 3o. de la misma Carta Magna. Esa es la posición de los ``duros'' del régimen, que quisieran ver el predominio de las fuerzas militares y policiales de represión, y encontrar solución con el exterminio cruento de los insubordinados indígenas y de todos los levantiscos hambrientos de nuestro sureste.

Aparece otra ocasión en que las enormes multitudes, agrupándose a todo lo largo de nuestro territorio, habrán de imponer a la autoridad estatal el camino de la cordura, del entendimiento, de la reflexión para que, mediante medidas realmente democráticas, conviertan al Congreso Nacional Indígena en el mejor de los foros para buscar la solución a los problemas de imperiosa solución. No ceguera, incomprensión o coerción, sino diálogo razonable y productivo.

A) El establecimiento, confirmación y ejecución de las bases económicas, políticas, sociales y morales de la enorme problemática de Chiapas que, repito, es ejemplo y espejo de la catástrofe nacional.

B) El respeto a los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, incluyendo las de libre expresión y tránsito franco, así como la necesaria limitación de las acciones coercitivas y represoras del Estado a la estricta circunscripción fijada por la misma Constitución, tanto a las fuerzas militares como a las policiacas y demás cuerpos represores.

Al doctor Ernesto Zedillo y al licenciado Emilio Chuayffet les toca la gravísima responsabilidad en caso de optar por convertir al Congreso Nacional Indígena en un pretexto más para endurecer la política de represión y persecución que postulan ``los duros'' del actual gobierno, tan caracterizado por la miseria popular, como ensangrentado con la represión violenta.

En lugar de esa ruta ignominiosa de represión, cabe la posibilidad de aprovechar el Congreso Nacional Indígena para iniciar la lucha por un sistema de verdadera justicia y por hacer realidad la reconstrucción de México, como un verdadero Estado de derecho, en el que se respeten los derechos humanos y las garantías individuales. No serán sólo la Conai y la Cocopa quienes aplaudan esa actitud. El pueblo entero de México, con las excepciones que por obvias resulta innecesario mencionar, apoyará un camino de paz justa y de respeto a la Constitución, que encontrará su inicio en el Congreso Nacional Indígena.

No quiero imaginar ni recordar que un 2 de octubre de hace 28 años, México padeció el más horroroso holocausto de los años modernos, sólo comparable a la masacre de Aguas Blancas. Esperemos que nada parecido ocurra ahora.