El director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, Héctor Fernández Rousselon, anunció ayer que esa institución restringirá el acceso a la información, la cual será proporcionada únicamente a ``los reporteros que se porten bien y tengan ideas recíprocas con el arzobispo'' Norberto Rivera Carrera, el cual únicamente mantendrá, y sólo con sus periodistas favoritos, ``reuniones privadas casi de carácter familiar''. De esta manera, el jefe de prensa del arzobispado pretende tapar, con el dedo de la exclusión y el veto a los medios, el sol de las reflexiones críticas de la sociedad y de los informadores ante las acciones de los dirigentes de la Iglesia católica.

El plan de acción de Fernández Rousselon para limpiar la imagen del clero y contrarrestar los señalamientos divergentes que se le hacen en los medios está fuera de lugar en el contexto de una sociedad cada vez más participativa, crítica y plural, y cuyos integrantes aspiran a ejercer sin cortapisas el derecho a la información y la libertad de expresión. Una premisa ética fundamental para que este derecho tenga vigencia es que los actores sociales que deciden hacer públicas sus posiciones a través de los medios --dependencias gubernamentales, partidos políticos, empresas, agrupaciones ciudadanas, dirigentes sociales, organizaciones religiosas, reuniones y encuentros, artistas, deportistas-- no deben arrogarse el derecho de veto sobre ninguna institución informativa o a ningún periodista.

De cara a la jerarquía eclesiástica, los propósitos del funcionario mencionado se contradicen con los no pocos llamados a la tolerancia que han formulado en meses recientes diversos líderes católicos, entre ellos el propio arzobispo Rivera Carrera, y que han sido cabalmente divulgados por los medios. Peor aún, si estos son los métodos con los que el director de Comunicación Social de la Arquidiócesis capitalina pretende mejorar la imagen del clero ante la sociedad, es meridianamente claro que su empeño resulta, desde el momento en que lo expresa, contraproducente para el prestigio y para la credibilidad de la institución a cuyo nombre habla, en la medida en que la presenta como un reducto de totalitarismo, intolerancia, repulsión al juicio de los medios, temor ante la crítica y desdén por la opinión pública.

En el marco de las nuevas relaciones entre el Estado y las agrupaciones religiosas, y considerando el estatuto legal de que éstas disfrutan en el presente, la Iglesia católica mexicana tiene ante sí la mayor oportunidad, en la historia moderna del país, de desempeñar un papel de primera importancia en la construcción de un país más humano: más participativo, más justo, más democrático, más transparente, más plural, más consciente y mejor informado. Tiene, también, la oportunidad de deslindarse, de una vez por todas, de los capítulos más oscuros e infamantes de su propia historia. Sería deplorable que estas oportunidades se malograran por resabios de cerrazón y actitudes anacrónicas como la exhibida por el vocero del arzobispado metropolitano.