Con mi adhesión al Llamado por la Paz del 25 de septiembre.

La guerra aún no concluye. Un ejército ciudadano la declaró formalmente en 1994 al que comanda el Ejecutivo. Por fortuna la acción bélica duró unos días y hubo pocas bajas.

La ciudadanía pacifista identificada con los planteamientos del EZLN se movilizó para impedir que la conflagración alcanzara toda su potencia. Esa extensa franja de la sociedad civil logró que los jefes de ambos ejércitos aceptaran dialogar e iniciar una pacificación que incluye reivindicaciones y definiciones democratizadoras. Así, a pesar de la voluntad excluyente del gobierno, la ciudadanía ha sido actor político fundamental e imprescindible del proceso con el que México entra al siglo 21. No es una masa anónima: con su primera expresión pública llenó las calles capitalinas y de muchas otras ciudades, y desde entonces se hace presente, con sus nombres propios, en todo el país, en las caravanas y los cinturones de paz, en los debates sobre los temas del conflicto por todas partes, en incontables manifiestos por la paz. El miércoles último, esa ciudadanía numerosa y diversa (organizaciones y personas) se enlista al pie del más elocuente llamado al diálogo nacional y al fortalecimiento de las vías políticas. Hay que detener la militarización a la que se ha sometido al país, de transformar el diálogo de San Andrés en un escenario nacional en el que el gobierno deje de hacerse el sordo y el ciego, y en el que participe el otro ejército irregular que también amenaza la paz y provoca más militarización. Pero sobre todo, busca que el diálogo que propone sea multiforme y cuente con espacios adecuados para conjugar todas las propuestas civiles plurales de los últimos 32 meses, para construir consensos, convergencias e inclusiones que hoy precisa este país amenazado por el caos, la violencia y la corrupción.

El gobierno, obstinado en no ver ni oír, ignora ese llamado de la ciudadanía a los poderes civiles y castrenses, a quienes optan por la vía armada, a los partidos, a los indígenas, campesinos, trabajadores, empresarios, a las organizaciones sociales, universidades, iglesias, a toda la sociedad, para ampliar el diálogo y los caminos hacia la paz, la justicia, la democracia y la dignidad. Los autodesignados propietarios de las instituciones anulan la palabra ciudadana y prefieren condenar ante una informe opinión pública a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) como promotora del llamamiento. Para Gobernación no existen la ciudadanía libre ni sus organizaciones independientes: sólo puede referirse al organismo que debe aceptar como intermediario y al que trata como si fuera una de las corporaciones del fascio oficialista con las que acostumbra concertacesionar.

Gobernación califica a la Conai de autodesignada, como si la posición nacional en el diálogo sólo pudieran definirla el Ejecutivo, sus patrones, asociados y empleados racistas, poseedores autodesignados de la voluntad ciudadana. Gobernación quiere anular al actor político nacional que reconoció hace más de dos años, y desea reducirlo a correo que no haga aportaciones originales provenientes de la ciudadanía carente de presencia efectiva en el diálogo que exigió y logró. Gobernación pretende que la guerra está sólo en Chiapas, que la problemática planteada sólo puede tener como escenario a San Andrés. Así espera impedir la discusión de temáticas nacionales y la presencia de los dialoguistas en perspectivas nacionales e internacionales.

El gobierno no oculta que hoy sólo puede satisfacerlo la aceptación sumisa de una reforma electoral de la que ésta, sus iniciativas y su posibilidad de decisión han sido excluidas. Con ella, proclama, alcanzaremos la democracia y la justicia social en un parpadeo.

Si Gobernación fuera tan democrática y pacifista como se autorretrata complaciente difundiendo informes fragmentarios, llamaría hoy mismo a un plebiscito para que la ciudadanía definiera si, ante el diálogo, hace suyos los pronunciamientos gubernamentales o prefiere adherirse a las propuestas de la Conai y a los análisis y llamados del manifiesto del día 25. Si los autodesignados gobernantes infalibles se atrevieran, sin duda la ciudadanía de Alianza Cívica podría organizar limpiamente también esta consulta. Aunque reconocer sus resultados mostraría cómo Gobernación está contra la ciudadanía.