Un fuerte debate se ha suscitado alrededor de la invitación que el Congreso Nacional Indígena hizo al EZLN para asistir a la reunión que realizará en la ciudad de México entre el 8 y el 12 de octubre. De un lado, la Secretaría de Gobernación ha señalado que los zapatistas no pueden salir del estado de Chiapas y que si lo hacen serán detenidos. Del otro, una amplia coalición de fuerzas sostiene que la Ley para el Diálogo mantiene a salvo todos los derechos de los zapatistas, entre ellos el de viajar al Distrito Federal.

No es la primera vez que este punto se discute a nivel nacional. Durante la última fase de la Mesa sobre Democracia y Justicia de San Andrés, la delegación gubernamental insistió reiteradamente ante los medios de comunicación que los zapatistas no podrían salir de Chiapas porque eran un grupo armado, enmascarado y clandestino. Pero el debate se diluyó temporalmente ante la falta de resultados en la negociación y la suspensión del diálogo.

Del conjunto del debate resaltan tres hechos. El primero son las razones por las que los zapatistas saldrían de Chiapas. El segundo es si la ley les permite o no salir. El último son las consecuencias que tendría para el proceso de paz el que salieran o dejaran de salir.

El EZLN vendría a la ciudad de México a participar en los trabajos de un movimiento que ayudó a formar. El Congreso Nacional Indígena es resultado del Foro Nacional Indígena convocado por los zapatistas a comienzos de este año en San Cristóbal de las Casas, en el contexto de las negociaciones sobre Derecho y Cultura Indígenas. El Congreso tiene, entre otros objetivos, el de analizar el estado que guardan los acuerdos firmados entre los rebeldes y el gobierno federal sobre el tema. Así las cosas, resulta lógico que quien propició el nacimiento del movimiento y estableció el marco para el debate nacional participe en el Congreso.

Los zapatistas irán al Distrito Federal a ratificar la vía que ha escogido para solucionar sus demandas: la del diálogo pacífico. No irán armados ni a llamar a tomar las armas, sino a hacer política, a crear las condiciones que permitan el establecimiento de un verdadero diálogo. Ello es particularmente importante en un momento en el que avanza la militarización y la violencia en el país, y el desencanto con la búsqueda de salidas pacíficas.

Se trasladarán, además, haciendo uso de sus derechos. El marco legal para la negociación entre el EZLN y el gobierno federal es la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. La ley reconoce, en su artículo primero, al EZLN como ``un grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el estado de Chiapas''. Esto implica que sus integrantes son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Esta misma ley establece en el artículo segundo, fracción tercera, que entre los objetivos del acuerdo se encuentra el de ``Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el Estado de Derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos''. O sea, la ley reconoce como su objeto lo que los zapatistas piensan hacer en la ciudad de México. Asimismo, en su artículo cuarto suspende las órdenes de aprehensión y los procedimientos en contra de los integrantes del EZLN mientras las negociaciones continúen. El diálogo entre los zapatistas y el gobierno federal se encuentra suspendido pero no roto, por lo que no hay razón alguna para detener a sus integrantes. Por lo demás, en ninguna parte de la ley se señala que el diálogo tiene que realizarse forzosamente en el estado de Chiapas, ni tampoco se estipula la prohibición a los zapatistas de cruzar las fronteras de ese estado.

Así las cosas, desde el punto de vista legal no hay impedimento para que los integrantes del EZLN transiten libremente por el país y asistan al Congreso Nacional Indígena. Las objeciones gubernamentales son, en lo esencial, objeciones políticas disfrazadas de ``justificaciones'' legales. Y van, desde el temor a parecer ``débiles'' hasta la intención de resolver el conflicto tratando de derrotar a los rebeldes.

En una coyuntura en la que los tiempos para buscar salidas pacíficas se agotan dramáticamente, la negativa gubernamental a reconocer a los zapatistas el derecho al libre tránsito y a hacer política abierta no hará sino hacer más grande la crisis de las negociaciones por la paz. La asistencia zapatista al Congreso Indígena será un estímulo para quienes aún esperan algo del diálogo. ¿Se seguirán malgastando las oportunidades de salidas dignas?.