Carrillo torció la ley en el desalojo en la Condesa, dicen asambleístas

Juan Antonio Zúñiga El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), José Manuel Delgado Téllez, acusó a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc de violentar el Estado de derecho con el Operativo Terrazas con el que destruyeron techos, anuncios e instalaciones de 150 restaurantes legalmente establecidos, particularmente en La Condesa y otras tres colonias colindantes.

En conferencia de prensa, el dirigente de los restauranteros informó que más de 150 establecimientos resultaron afectados con daños cercanos a los 5 millones de pesos, luego de que unos 300 empleados de esa delegación arremetieron el 24 y 25 de septiembre pasados contra toldos, anuncios e instalaciones que sobrepasaban los límites establecidos para operar en las banquetas.

Afirmó que las autoridades actuaron precisamente en los momentos en que se llevaban a cabo negociaciones con los vecinos y el secretario general de Gobierno, Jesús Salazar Toledano, para llegar a acuerdos que satisfarían a todas las partes.

Se incumplió, dijo, con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y con el plazo de 120 días hábiles que otorga la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, que debió concluir el 12 de noviembre próximo.

Al no haber hecho el apercibimiento al propietario para que en un plazo ``razonable'' retirara los enseres, ``simplemente se procedió a intimidar a los comensales y personal que en ese momento se encontraba en los establecimientos, incluso con amenazas y violencia física'', acusó.

Delgado señaló que la mayor parte de los establecimientos que operaban en espacios de la banqueta o tenían instalados toldos con más de metro y medio de extensión, pagaron en la oficina de Obras de la delegación cuotas por ``derecho de toldo'' de entre mil y 3 mil pesos anuales.

Aseguró que su organización pugna por reiniciar el diálogo con vecinos y autoridades para llegar a acuerdos que les permitan mantener los puestos de trabajo, los cuales se calculan en mil empleos directos y otros tantos indirectos.

``La violencia con la que actuaron las autoridades delegacionales permiten pensar que los intereses de unos cuantos se anteponen a las necesidades de más de mil familias que viven y trabajan en los restaurantes y cafeterías de la zona, que también comprende a las colonias Hipódromo Condesa, Ex Hipódromo Condesa y parte de la Roma'', agregó.

Se preguntó: ``¿Qué incentivo pueden tener los empresarios y trabajadores de empresas familiares establecidas, que cumplen con sus impuestos y ofrecen alimentos higiénicos y de calidad, cuando miles de puestos ambulantes invaden con la complacencia de la autoridad las calles de la ciudad, ofreciendo alimentos de dudosa higiene, evadiendo impuestos y operando en circunstancias de competencia desleal y sin control alguno?''.

Acompañado por el representante de los restauranteros de La Condesa, Jaime Morales, el presidente de la Canirac expresó que no será con golpes como se solucionarán las desavenencias entre autoridades delegacionales, vecinos y empresarios familiares. Por lo mismo exhortó a concertar y planear ``un equilibrio sano entre la convivencia vecinal y actividades empresariales como la restaurantera''.