Resulta claro que la corrupción, como el abuso de los recursos públicos para fines privados o el aprovechamiento de los puestos públicos para hacer negocios privados, es un problema de cualquier sistema político. Sin embargo, cada sociedad crea los instrumentos y los mecanismos para controlar esos abusos y en muchos casos se logra éxito en la tarea. Quizá la única constante en estos sistemas sea que se necesita de pesos y contrapesos para tener mayor posibilidad de éxito. Así, mientras más rígido sea un sistema, por ejemplo, uno de partido de Estado como el mexicano, mayores son las posibilidades de un fracaso. En el caso de México la ecuación: corrupción = a partido de Estado [c = p de E], se aplica de manera directa.

Con los primeros espacios que se han abierto a la oposición en los últimos tiempos, se asoman apenas las posibilidades de empezar a combatir la corrupción. Pequeños son, hasta la fecha, los resultados y los contrapesos que ha ejercido la oposición, pero fuertes han sido ya sus impactos. La mejor expresión de este argumento es, sin duda, algunos gobiernos de oposición y de forma relevante el Congreso de la Unión, al menos en dos de sus espacios: la comisión plural investigadora del caso Conasupo y la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que por vez primera es ocupada por un diputado de la oposición, Juan Antonio García Villa, integrante del PAN.

En estos dos espacios se han concentrado las posibilidades y obstáculos que existen hoy en día para vigilar que los recursos públicos sean aplicados de forma correcta; o para averiguar qué pasó en el pasado inmediato. A pesar de que desde el sexenio de Miguel de la Madrid se trató de dar una respuesta con la creación de la Secretaría de la Contraloría, se ha visto que en casos importantes, cuando se trata de los grandes intereses y personajes del sistema, el espacio institucional pierde eficiencia, como sucedió el sexenio pasado con los escándalos del hermano mayor de Carlos Salinas de Gortari y la red de intereses y complicidades que se tejió a su alrededor. En esta administración muy pocos creen que el actual contralor, Arsenio Farell, vaya a ser ahora un vigilante eficiente y autónomo de los recursos de la federación. Otra vez el supuesto se vuelve a comprobar: el vigilante no se puede autovigilar; el Poder Ejecutivo no le puede cuidar las manos al propio Poder Ejecutivo y para muestra están las más de cien auditorías practicadas por la Comisión de Vigilancia y dadas a conocer recientemente, las cuales muestran múltiples irregularidades en la aplicación del gasto público durante el último trágico año de Hidalgo, 1994.

Hace diez meses y por iniciativa de algunos diputados de oposición se creó la Comisión Conasupo, con el fin de investigar irregularidades graves y fraudes que ya eran conocidos por la opinión pública, pero no estaban documentados adecuadamente, como la famosa venta de leche contaminada, la venta de maíz para consumo animal, los millonarios pagos a la compañía Maseca, entre los más conocidos. Esta comisión fue como un garbanzo de a libra que se pudo colar en el férreo control que tiene el PRI del Congreso. Después de todos estos meses, la semana pasada el PRI y el gobierno decidieron dar por concluidos sus trabajos, curiosamente cuando empezaron a aparecer nombres importantes. La mano negra del sistema decidió cancelar las investigaciones y que todo quedara en irregularidades menores. Sin embargo, los diputados de oposición, que fueron en realidad los motores de la comisión --Víctor Manuel Quintana y Adolfo Aguilar Zinser-- junto con una red de medios de información que difundieron la maniobra, incrementaron los costos políticos y provocaron que la opinión pública conociera el truco. ¿Cómo estaría la cuestión de Conasupo, que el PRI y el gobierno aceptaron pagar los costos del carpetazo en época preelectoral? Queda claro que la corrupción seguirá tan campante --bueno, con algunos pequeños sustos-- mientras la ecuación [c = p de E] siga vigente.

En México resulta claro que mientras la alternancia no se encuentre asegurada, los siguientes pasos de la transición no se darán, como por ejemplo, un nuevo diseño institucional que le dé al Congreso de la Unión la autonomía, los recursos y la fuerza para fiscalizar el gasto del Poder Ejecutivo de una forma real, autónoma y eficiente. No se trata de dividir a nuestros políticos entre corruptos y honrados, a pesar de que existan, sino de entender que el fenómeno de la corrupción es parte central del poder en un sistema de partido de Estado que ha generado intereses mafiosos; y mientras no se termine con esta estructura, no se podrá combatir el problema con resultados eficientes. Para acabar con la ecuación la ciudadanía tiene la palabra en 1997...