El proceso que desembocó en la XVII Asamblea Nacional del PRI no sólo tuvo un efecto directo en los intentos de vender los complejos petroquímicos de Pemex, a través del acuerdo contrario a la venta. Hay por lo menos tres planos más que inciden en el mismo sentido, de manera indirecta.

Uno es el cambio en el proceso para la selección de candidatos a presidente, a gobernadores y. según la votación de la mesa respectiva, a senadores. Parte del cambio ya estaba en los documentos presentados a la Asamblea: un procedimiento complejo, con más participación del Consejo Político Nacional y que hacía más difícil un destape. También había requisitos para ocupar esas candidaturas, pero éstos fueron incrementados en la Asamblea misma. Uno de los efectos de estos cambios es el de que ningún miembro del gabinete de los que están a cargo de la política económica y financiera, ni de los actuales funcionarios de primer nivel que han estado a cargo de la promoción de la venta de los complejos petroquímicos, podrá ya ser candidato a la presidencia ni a una gubernatura, por lo menos. Si tomamos en cuenta los rasgos de la política mexicana, esto implica que mantienen las facultades inherentes a su cargo pero no la fuerza política implícita en una carrera política que hubiera podido tener continuidad.

Otro cambio es el del Código de Etica aprobado por el PRI. Este podría ser aplicado a los funcionarios del gobierno priísta que actuaran en contra de los acuerdos de ese partido, como el de la petroquímica. El tercer cambio que incide indirectamente en el problema es el cambio de enfoque del modelo de política económica, hacia el nacionalismo y la soberanía.

La situación en la que se mueve el gobierno en cuanto a la venta de los complejos de Pemex se hace difícil y su margen de maniobra se reduce. Durante un tiempo, se pudo ``congelar'' el asunto. Cada vez es más difícil mantener esta situación. Las declaraciones del embajador estadounidense sobre la salida de inversión de su país si no se venden los complejos de Pemex, hacen aún más complicada la posición del gobierno: ahora, si se relanza o descongela el proceso de venta, se dará una imagen de que pesó más la posición o la presión de un gobierno extranjero que el acuerdo del partido que llevó al actual gobierno al poder, y la situación dentro del propio PRI puede tensarse aún más, además de las otras reacciones. Las diversas presiones que coinciden en la amenaza de retiro de inversiones tampoco facilitan una decisión gubernamental de esta naturaleza, porque si cede ante presiones tan obvias y burdas sólo daría una imagen de debilidad ante el poder del dinero... suponiendo que fuera real la representatividad de los líderes empresariales que han lanzado estas expresiones.

Además, no estamos en un momento en el que la legitimidad política del gobierno, incluso ante su propio partido, sea poco importante. Tampoco en un momento en el que puede resultar poco relevante una creciente división dentro del PRI. Estamos a menos de un año de la elección nacional de mediados de sexenio.

Todo lo anterior configura un nuevo cuadro en relación con los planes de venta, subasta o remate de los complejos petroquímicos de Pemex. Los defensores de este proceso han tratado de minimizar el peso de estas instalaciones. El gran interés del extranjero en que sean vendidas apunta a lo contrario. Lo cierto es que no es mucha la inversión que se requiere para reanudar su desarrollo, no digamos para darles mantenimiento decoroso. Pemex tiene ese dinero, es cosa de quitarle un poco menos y de orientar bien la inversión. La inversión privada tiene, sí, un papel que cumplir en este ramo: aportar inversión real en capacidad instalada real, empleos reales, o sea, en la construcción de nuevas y más modernas plantas. Algunas se están iniciando ya. El verdadero motor de la nueva inversión privada será la reanudación, sin los vicios anteriores, de la inversión pública, frenada hace casi quince años. El momento en que empezó ese freno ha sido precisamente la línea divisoria entre casi medio siglo de crecimiento sostenido al 6 o 7 por ciento anual, y un período de casi quince años de estancamiento o crecimiento muy lento, de caída del ingreso mayoritario y del mercado interno, de mayor concentración de la riqueza en pocas manos y de creciente desempleo y subempleo.