La banca, beneficiaria de recursos que supuestamente irían a Pemex

Roberto González Amador La determinación del gobierno federal de seguir adelante con la venta de la industria petroquímica secundaria revela los compromisos adquiridos por la administración del presidente Ernesto Zedillo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según muestran documentos oficiales.

Hace una semana el Partido Revolucionario Institucional decidió oponerse a la determinación gubernamental de desnacionalizar la industria petroquímica, uno de los principales objetivos de las reformas planteadas por el Ejecutivo al comienzo de su gestión.

Sin embargo, las secretarías de Hacienda y Energía, ambas encabezadas por militantes del PRI, dijeron esta semana que el gobierno mexicano no había desistido de su intención de vender a empresarios nacionales y extranjeros 61 plantas petroquímicas propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), aun con la oposición del partido oficialista.

La decisión de privatizar la industria petroquímica, hecha pública por primera vez en 1993 por el gobierno del ex presidente Carlos Salinas, fue uno de los compromisos que adquirió la administración del presidente Zedillo el 26 de enero de 1995 con el Fondo Monetario Internacional.

En esa fecha, 57 días después de que se inició la actual administración, el gobierno mexicano recurrió al FMI en busca de un crédito contingente de 18 meses ``para hacer frente a las causas fundamentales'' de la crisis financiera desatada con la devaluación y que ese año provocó una caída de 6.9 por ciento del producto interno bruto, una inflación de 52 por ciento y la pérdida de 850 mil empleos.

La Carta Compromiso y el Memorándum de Políticas Económicas --firmados por el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, y por el titular de Hacienda, Guillermo Ortiz-- estipula, en el punto 17, uno de los compromisos a que se sujeta el gobierno mexicano a cambio del apoyo del FMI:

``...También se acelerará el proceso ya iniciado para privatizar otras empresas estatales, incluyendo puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas.

``En este contexto --sigue el documento--, las autoridades se comprometen a llevar a cabo operaciones de privatización y concesión que se estima generarán alrededor de seis mil millones de dólares en 1995 y de seis mil a ocho mil millones de dólares en los dos años siguientes''.

La última semana de octubre de 1995, el consejo de administración de Pemex determinó, en una sesión extraordinaria, autorizar al corporativo y al organismo subsidiario Pemex Petroquímica para llevar adelante el proceso de desincorporación de los activos de la petroquímica secundaria.

En esa ocasión la Secretaría de Energía anunció que la primera planta que saldría a la venta sería la de Cosoleacaque, en Veracruz, productora de amoniaco, insumo para la elaboración de fertilizantes. La convocatoria para la licitación se dio a conocer el 14 de noviembre de 1995.

Los cinco delegados del sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, compuesto por 13 miembros, se abstuvieron de votar la decisión de empezar la venta de la petroquímica.

Al principios de noviembre, el entonces secretario de Energía, Ignacio Pichardo Pagaza, defendió la venta de la petroquímica. Dijo que los recursos que el gobierno obtuviera de la desincorporación eran necesarios para modernizar el sector petrolero. Negó que la venta de la petroquímica tuviera relación con los compromisos que había adquirido el gobierno mexicano con el FMI.

La venta de la petroquímica, dijo Pichardo el 1o. de noviembre de 1995, ``nada tiene que ver con los créditos que México obtuvo y con los adeudos que tiene surgidos (sic) a raíz de la crisis financiera de finales del año pasado.

``La mejor prueba de esto --agregó-- es que el destino de los recursos de la venta de los activos petroquímicos sea en primer término la reinversión en la industria petrolera, de manera tal que Pemex, en el área de producción primaria, es decir, de exploración y explotación, disponga de recursos de inversión adicionales que deberán venir, cuando menos en parte, de la venta de los activos de la petroquímica secundaria''.

Treinta y cuatro días después de que pronunciara esas palabras, un colega de gabinete y el encargado de la política monetaria del país manifestaban una intención diferente en cuanto a los usos que el gobierno daría a los recursos obtenidos por la venta de la petroquímica.

El 5 de diciembre de 95, el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda escribieron a Michel Camdessus, director gerente del FMI, otra ``carta compromiso'' en la que, en nombre del gobierno mexicano, solicitaban al organismo hacer uso de mil 635 millones de dólares del crédito contingente aprobado por el FMI el 1o. de febrero de 95 por un monto de 12 mil 70.2 millones de dólares.

A cambio del apoyo --que se usaría para garantizar un nivel mínimo de reservas internacionales-- el gobierno mexicano asumió varios compromisos, plasmados en el Memorándum de Políticas Económicas.

En uno de ellos, especificado en el punto 13 del memorándum, el gobierno revela una intención distinta a la señalada por Pichardo Pagaza en cuanto al uso de los recursos que se obtengan por la privatización.

Dice el texto enviado por las autoridades mexicanas al FMI: ``Los ingresos por privatización, que se espera sean del orden de ocho mil millones de nuevos pesos (0.4 por ciento del PIB), se utilizarán para ayudar a sufragar el costo fiscal de los programas de apoyo al sistema bancario, para el saneamiento financiero de la red de autopistas concesionadas y para proveer capital semilla para un fondo de financiamiento a la infraestructura. Se espera que este fondo empiece su operación en el segundo semestre de 1996''.

Nada sobre invertir los ingresos en Pemex.

En el punto 19 del memorándum, el gobierno mexicano manifiesta al FMI, en relación a las reformas estructurales, como llaman a la privatización de empresas públicas:

``El gobierno acelerará reformas reglamentarias y legales pendientes y los procedimientos administrativos necesarios para completar la desreglamentación de las frecuencias de los satélites y la generación de la electricidad y la privatización del sector petroquímico. La privatización del sistema ferroviario y de los puertos y aeropuertos está en marcha y deberá terminarse en el primer semestre de 1996''.

El 19 de julio de 1996, cuando la venta de la petroquímica acumulaba cinco meses de retraso respecto de los planes iniciales del gobierno, hubo un nuevo contacto escrito del gobierno mexicano con el FMI.

Mancera y Ortiz se dirigieron por carta a Michel Camdessus, ``con el propósito de informar sobre los avances de nuestro programa económico, el cual ha sido apoyado por un acuerdo de crédito contingente de 18 meses aprobado por el Directorio Ejecutivo del Fondo el 1o. de febrero de 1995, y también solicitar una prórroga de dicho acuerdo por seis meses, hasta el 15 de febrero de 1997''.

En ese documento de 18 puntos, Mancera y Ortiz hacen un repaso de las medidas aplicadas por el gobierno de Zedillo para hacer frente a la crisis y sobre la mejoría de algunos indicadores macroeconómicos y financieros.

El punto 17 habla sobre las privatizaciones.

Dice la carta: ``El avance en la reforma estructural ha sido conforme a lo previsto en el programa. El Congreso de la Unión aprobó la legislación para la reforma del seguro social (está escrito con minúsculas) que entrará en vigor en 1997.

``A la vez, se han tomado medidas importantes para reducir la regulación innecesaria que afecta a las empresas y se está avanzando satisfactoriamente en el proceso de privatización y desregulación de actividades antes reservadas al sector público'', informan los funcionarios mexicanos.